El tiempo para definir el salario básico unificado (SBU) del 2022 se acerca, en medio de tensiones políticas. Para 2021 no hubo aumento y se mantuvo en $ 400, generando el rechazo de los trabajadores. A cambio de no tocar la tarifa, el gobierno de Lenín Moreno prometió pagar una única compensación de $ 60 a 380.959 personas que ganaban el básico en 2020, pero esto no se cumplió.
Ahora, el gobierno de Guillermo Lasso debe afrontar el tema con el peso de su oferta de campaña de que el salario crezca gradualmente hasta $ 500. En teoría, para llegar a la meta comprometida, cada año de gobierno la remuneración debería subir $ 25.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha mencionado en qué medida crecerá la remuneración en el 2022. El Ministerio del Trabajo indicó a este Diario que se “informará oportunamente la forma en la que se procederá con el incremento gradual”.
El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), integrado por trabajadores y empleadores, es el encargado de determinar el salario, para lo cual se autoconvocará hasta el 20 de noviembre de cada año, según el acuerdo ministerial 185, emitido el 17 de septiembre de 2020. Allí se establece una fórmula y el procedimiento técnico para el cálculo del SBU.
El Consejo está formado por tres representantes de los trabajadores, tres voceros de los empleadores (cada uno con su suplente) y está presidido por el ministro del Trabajo, en este caso, Patricio Donoso.
Los delegados titulares de los sindicatos son Oswaldo Chica, Edwin Salazar, Iván Peñaranda y Edgar Sarango; los designados como representantes suplentes son Richard Gómez, Andrés Medina, Cristóbal Buendía y Kléber Baque.
En el caso de los empleadores, los titulares son Xavier Sisa, Rodrigo Gómez de la Torre, Xavier Rosero e Iván López, y como suplentes están José Antonio Hidalgo, Yahira Piedrahíta, Henrri Coba y José Perero. Todos fueron posesionados el 29 de septiembre pasado.
Desde entonces, el ente no se ha vuelto a reunir ni existe todavía una convocatoria para tratar la fijación salarial, pese a que esto fue un pedido urgente de las partes. Así lo confirmaron varios integrantes del Consejo a EL UNIVERSO. En tanto, el Ministerio dijo, sin dar fechas, que el tema se abordará durante el cuarto trimestre del año.
Oswaldo Chica, representante de la Central Única de Trabajadores (CUT), añadió que tampoco se ha llamado a sesiones para analizar los salarios mínimos de las 21 comisiones sectoriales, que comprenden actividades económicas como la agricultura, minería, transporte, entre otras.
Según el Código Laboral, si empleadores y trabajadores no llegan a un consenso sobre el salario básico, la decisión final recae en el Ministerio del Trabajo, que deberá hacerlo con base en la proyección del índice de precios al consumidor (inflación). En caso de no contar con ese dato de forma oficial, el acuerdo ministerial 185 dispone a la cartera de Estado calcular el salario siguiendo una fórmula, la cual también ha sido blanco de críticas de los sindicatos.
Aún no se inician las conversaciones formales de cara al 2022 y, por los anuncios hechos hasta ahora se puede advertir que, nuevamente, no habrá un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Así que la tarea quedará en manos del Ministerio, como lo hizo en el 2020 y en ocasiones anteriores.
El año pasado, la decisión de mantener intacto el SBU fue tomada porque la inflación para 2021 se proyectó en -1,01 % y, según el acuerdo 185, el salario no podrá bajar aun cuando la inflación o el resultado de la fórmula sean negativos.
Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, adelantó que la postura de los sindicatos en el Consejo será que el salario suba. El monto del incremento que se propondrá se está analizando.
“Siempre las consideraciones salariales tienen que ir hacia la capacidad de sufragar las necesidades básicas de los trabajadores. Y esas necesidades no son cubiertas por lo que la gente ahora percibe. Esperamos que no exista un nuevo engaño y que haya un análisis técnico. Veamos si el presidente (Guillermo Lasso) cumple su palabra”, expuso Buendía. En enero pasado, la Federación demandó la inconstitucionalidad del acuerdo ministerial 185, la cual sigue a la espera de ser tratada por la Corte Constitucional.
Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, comentó que la remuneración debe mantenerse, ya que existen factores externos e internos que han aumentado los gastos de las empresas, como la crisis internacional de los contenedores que encarece las importaciones de bienes de consumo y de producción.
Al subir el salario en la actual coyuntura se generaría más presión a los negocios, lo que sería contraproducente para la reactivación económica, tomando en cuenta que el consumo interno todavía es lento, agregó Xavier Rosero, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
La discusión en el Consejo, dijo Rosero, debe llevarse en función de los indicadores económicos, particularmente en la proyección de la inflación para el año que viene; un dato que aún no ha sido determinado por el Gobierno.
La abogada Vanessa Velásquez señaló que el salario básico tiene que crecer, porque la Constitución establece la progresividad de los derechos. En su criterio, el no haber aumentado ni un dólar para 2021 fue una medida inconstitucional.
Velásquez comentó que es muy ambicioso esperar que el Ministerio del Trabajo dé paso a un incremento de $ 25 para 2022, puesto que sería un fuerte desaliento para la contratación de personal. Lo que sí podría suceder es que haya una subida marginal.
Pagar el básico no solo significa desembolsar el sueldo mensual por cada empleado, explicó la experta. Sino que sobre ese valor el empleador debe hacer provisiones proporcionales de los décimos sueldos, vacaciones, fondos de reserva, jubilación patronal, desahucio y despido intempestivo; todo esto, más el aporte patronal al Seguro Social.
“Al final, un trabajador que ahora gana $ 400, más las provisiones, en realidad cuesta $ 600 para el empleador; por eso se habla de que esta es la mano de obra más costosa en la región”, finalizó Velásquez.
Actualmente, 152.602 trabajadores perciben el salario básico, según el Ministerio del Trabajo. La cartera de Estado, además, confirmó que tampoco se cuenta con la asignación presupuestaria para ejecutar el alza de $ 60 que ofreció Lenín Moreno.