El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) tuvo una tarde copada de resoluciones. Ayer 23 de abril del 2019, el Pleno de esa entidad designó como nueva Superintendenta de Bancos a Ruth Arregui Solano y aceptó las impugnaciones en contra de los postulantes al cargo de Defensor Público.
La sesión convocada para las 12:00 de ayer, empezó con una hora de retraso. Entre los puntos a tratar estaban las resoluciones sobre las impugnaciones para los postulantes a la Defensoría Pública y a la Superintendencia de Bancos; además de las decisiones sobre los concursos para Superintendente de Ordenamiento Territorial y para los miembros de la Conferencia de Soberanía Alimentaria.
Para designar a Arregui el primer paso fue resolver la impugnación presentada en su contra. La audiencia pública en la que la ciudadana María Coronel impugnó la postulación fue el 12 de abril pasado.
Sobre ese recurso, el Pleno resolvió negar la impugnación con cuatro votos a favor y tres en contra. Posteriormente se produjo la votación por una de las dos candidatas que quedaron de la terna que envió el Ejecutivo: Ruth Arregui y Carmen Carrasco Espinosa.
Con cuatro votos a favor, Arregui fue designada para el cargo. Xavier Zavala votó por Carrasco, mientras que Luis Macas y Julio César Trujillo se abstuvieron de votar. Así, la funcionaria estará cinco años a cargo de esa entidad.
Uno de sus cargos más importantes dentro del sector público fue el de gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE) entre noviembre del 2011 y enero del 2013. Ha sido consultora y catedrática universitaria; además de desempeñarse en varias entidades financieras privadas.
En el proceso de designación de esta autoridad, el Ejecutivo tuvo que enviar en dos ocasiones su terna. La primera vez fue devuelta después de que el Pleno aceptara la sugerencia de la Comisión Ciudadana sobre inhabilidades de dos candidatos. Ruth Arregui estuvo en las dos ternas, en esta última, como la primera opción del presidente Lenín Moreno.
Defensor público
Lo que estaba previsto que sea una sesión para conocer a esa nueva autoridad tomó un curso distinto. El Pleno decidió acoger las sugerencias de la Comisión Técnica Ciudadana sobre aceptar las impugnaciones en contra de tres postulantes y descalificar a una cuarta.
Los consejeros dieron paso a las impugnaciones en contra de Jaime Santos Basantes, Ángel Torres y Luis Fernando Ávila. Además, decidió descalificar a Gina Gómez de la Torre porque mantiene una deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que la inhabilita para ejercer el cargo.
¿Qué viene ahora? El Cpccs-t decidió regresar el concurso a la fase de impugnaciones ciudadanas. Para esto aprobó una resolución en la que se establece que los tres siguientes postulantes, detrás de los descalificados, pasen a la etapa de impugnaciones.
Juan Pablo Morales, Gonzalo Realpe y José Franco Franco serán los postulantes a los cuales la ciudadanía podrá impugnar después de que el Cpccs-t publique la lista oficial en un medio de comunicación nacional y en su página web.
El Cpccs-t tiene el tiempo en contra para cumplir con las tareas pendientes. El próximo 14 de mayo se posesionarán los nuevos consejeros de esa entidad, es decir, tiene 19 días para terminar sus tareas.
Julio César Trujillo, presidente del Cpccs-t, señaló que “tiene el tiempo justo” para terminar con el concurso para Defensor Público. Aseguró que el actual Consejo Transitorio cumplirá con la designación de esta autoridad.
Dos concursos aún están pendientes: la designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial y de los representantes a la Conferencia de Soberanía Alimentaria.
En el caso del primero se resolvió devolver la terna enviada por el Presidente de la República. “En virtud del tiempo que corresponde a este Consejo Transitorio desempeñar sus funciones, no es posible continuar con el proceso”, señala la resolución del Pleno.
Sobre la Conferencia de Soberanía alimentaria se definió la terminación anticipada del proceso de designación por la falta de postulaciones.
También se designó a los veedores para la evaluación de los jueces y juezas de la Corte Nacional. Estos son: Teodoro Coello Vásquez, Vanesa Aguirre, León Roldos, Gustavo Medina y Alexandra Vela Puga. La evaluación fue pedida por el Consejo de la Judicatura.
El pasado 14 de marzo, la Judicatura solicitó la integración de la veeduría. Según la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, este grupo se conformaría con “los mejores exponentes de la academia”.