Colectivos a favor de no continuar con la explotación del crudo dicen que estarán vigilantes para que se cumpla con el fallo de la Corte Constitucional.
El 58,97 % de los electores a nivel nacional decidieron que no se continúe extrayendo el petróleo del bloque 43 – ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), que se encuentre en el Parque Nacional Yasuní, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ante ello hay un procedimiento para dejar de explotar en ese campo.
En mayo pasado, la Corte Constitucional (CC) dio paso a la consulta popular sobre la actividad petrolera en el bloque 43, que el colectivo YASunidos venía pidiendo desde el 2013. En ese dictamen los jueces constitucionales adelantaban que en el caso de ganar el sí para dejar el crudo bajo tierra, se fijaba el plazo de hasta un año, una vez que el CNE notifique los resultados oficiales, para que se realice el retiro progresivo de la explotación petrolera.
Petroecuador, a través de un comunicado emitido el lunes 21 de agosto, señaló que acatará “a cabalidad la decisión soberana del pueblo ecuatoriano” y que conjuntamente con otras instituciones coordinarán “todas las acciones pertinentes”.
El vocero de YASunidos, Pedro Bermeo, indicó que estarán vigilantes que se cumpla lo establecido por la Corte Constitucional en su dictamen y ante ello exigen:
- Que se cumpla la prohibición de no efectuar nuevos contratos extractivos que busquen continuar con la explotación del bloque 43.
- Que se elabore un plan integral y concreto para el retiro ordenado y progresivo de la infraestructura petrolera que incluya la reparación integral de la naturaleza y las comunidades, en coordinación con los proponentes de la consulta, el movimiento indígena y el Estado.
Bermeo señaló que ese plan deberá incluir una política integral de protección al Yasuní a mediano y largo plazo, desarrollado por los pueblos y nacionalidades indígenas, en donde el Estado garantice los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, salvaguarde la selva frente a las diversas amenazas extractivas, y cumpla el carácter plurinacional establecido en la Constitución, respetando la autonomía y la autodeterminación de los pueblos.
Un criterio similar tiene el vocero de Resiste Yasuní, Xavier Viteri, y para ello dijo que crearán mesas técnicas con el Gobierno que gane en la segunda vuelta para hacer cumplir lo decidido en las urnas y la sentencia de la Corte Constitucional.
Además, que promoverán e impulsarán procesos participativos junto al Estado para explorar y terminar de plantear alternativas económicas para los supuestos ingresos que deja de percibir el Ecuador por la explotación del bloque 43 y que trabajarán con veedurías técnicas con organizaciones nacionales e internacionales para hacer cumplir.
Asimismo, indicó que también está atender al estado de emergencia declarado por la nacionalidad Waorani, mediante el presidente Juan Bay dentro de su territorio. “Esto tiene la intención de exigir la reparación a las múltiples vulneraciones de derechos, la tergiversación social y la contaminación que este pueblo ha venido recibiendo durante décadas, acabando con sus medios de vida. Dentro del territorio Waorani hay diez pozos petroleros, los cuales no han parado su extracción”, sostuvo.
Para el editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, esta consulta va a tener un “impacto muy grave y negativo” para Ecuador. Señaló que el ITT 43 representa el 12 % de la producción de petróleo.
Citando cifras del Banco Central del Ecuador del 2022, indicó que el año pasado el fisco recibió $ 1.100 millones en utilidades, pero que ahora esos ingresos van a desaparecer y eso significa que las cuentas fiscales van a tener una caída adicional en los ingresos petroleros.
En ese contexto, comentó que –además de cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional– el desafío es buscar alternativas porque “se está abriendo un hueco fiscal importante y eso tiene que ser corregido”, para lo cual considera que hay distintas maneras de corregir, entre ellas, elevar impuestos, pero definir cuáles serán; elevar el precio de los combustibles; y como tercera opción plantea reducir gastos en un monto equivalente a los $ 1.100 millones. “Esas son las decisiones que tendrá que hacer no solamente este Gobierno o el siguiente, sino en general la sociedad ecuatoriana tendrá que decidir cómo se va a compensar este hueco fiscal que se va a abrir por esta decisión que se ha tomado en una consulta”.
Indicó que las medidas que se tomen no solo afectarán a quienes más tienen, sino que también a la ciudadanía en general. “La población cree que esto no tiene ningún costo, que no va a tener que pagar la cuenta o, peor, que solo unos pocos paguen la cuenta, no se dan cuenta que retirar de la economía $ 1.100 millones implica menos empleo, menos actividad económica”, sostuvo. (I)