La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, expuso los puntos principales del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, que, desde la Superintendencia, se ha presentado al ministro Richard Martínez. El Gobierno está preparando un proyecto de ley para reformar dicho Código. Hace pocos días la gerente del Banco Central, Verónica Artola, también expuso puntos clave de la reforma concernientes a la entidad bancaria.
Según Arregui, la normativa vigente limita y restringe el ejercicio de una supervisión preventiva, integral y consolidada, lo que dificulta identificar prospectivamente los riesgos de las entidades controladas y del sistema financiero en su conjunto. Por ello, las reformas buscan fortalecer la autonomía de la Superintendencia de Bancos, a fin de ejercer una supervisión integral y transfronteriza como determinan los estándares internacionales para proteger el ahorro de los depositantes. Además, se busca promover la inclusión financiera, junto con el desarrollo de las empresas de finanzas tecnológicas. También se pone énfasis en la seguridad y estabilidad financiera; la solidez y transparencia de las entidades controladas, incluidas las del sistema de Seguridad Social, fortaleciendo la facultad sancionadora del organismos de control en beneficio de los consumidores de los clientes de las entidades controladas; a la vez que fortaleciendo sus derechos.
El proyecto, plantea también, la creación de una Junta de Regulación del Sistema Financiero, de Valores y de Seguros, orientada estrictamente a funciones de regulación del sistema financiero, de valores y seguros, así como del sistema de Seguridad Social. En este punto se propone que los representantes de las superintendencias de Bancos, Compañías y de Economía Popular y Solidaria, tengan voz en la Junta. También se plantea eliminar las facultades relativas a la formulación de políticas monetarias y cambiarias que tiene la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esto, en consideración a que el Ecuador dejó de tener moneda nacional desde enero del 2000, año en el que se adoptó el esquema de la dolarización.
Otro punto importante es que el proyecto propone como un incentivo para el uso de medios de pago electrónico que se pueda hacer rebajas del IVA en las compras realizadas por estas vías. Estas rebajas podrían aplicar a montos de hasta 15 salarios básicos al año, por persona.