Multas a empresas de Ecuador y Colombia por conducta anticompetitiva son “una decisión histórica” en defensa de los usuarios, destaca el secretario general de la CAN
Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, confirma que el organismo está analizando algunos casos más de posibles irregularidades.
Las sanciones por más de $ 30 millones a las empresas colombianas Productos Familia y Kimberly Colpapel, así como a las empresas ecuatorianas Productos Familia Sancela del Ecuador y Kimberly-Clark Ecuador, por conducta anticompetitiva debido a la fijación de precios de papeles suaves en Ecuador, dejan como lección “que es necesario seguir las reglas del mercado”.
Así lo resume Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina (CAN), en una entrevista con EL UNIVERSO. En ella destacó como “una decisión histórica” la resolución del Tribunal de Justicia andino que emitió dos sentencias en las que ratificó las sanciones impuestas por la Secretaría General de la CAN a las compañías y que fueron apeladas por las empresas.
La conducta anticompetitiva consistió en un acuerdo de precios sobre determinados productos del rubro de papeles suaves que se prolongó desde enero de 2006 hasta diciembre de 2013 y tuvo efectos hasta 2016, lo que provocó un daño al mercado ecuatoriano de entre $ 36,1 millones y $ 74,1 millones, según lo que se describe en el proceso.
Con ese contexto, las multas a las empresas se fijaron en $ 16,85 millones para las empresas Productos Familia (de Colombia) y Productos Familia Sancela del Ecuador, y de $ 17,06 millones para las compañías Kimberly Colpapel (de Colombia) y Kimberly-Clark Ecuador, que fueron dispuestas por la Secretaría General de la CAN a través de las resoluciones 2006 y 2236, que se emitieron el 28 de mayo de 2018 y el 19 de noviembre de 2021, respectivamente.
Al respecto, el secretario general de la CAN confirma que el grupo empresarial Familia ya cumplió con el pago de la multa. En tanto, el consorcio de las empresas Kimberly realizó una acción judicial en Perú para que no se hiciera efectiva una garantía económica que las empresas presentaron durante el proceso.
Frente a ello, la Secretaría General se dirigió a las autoridades judiciales de Perú para que se pueda hacer efectiva la garantía y cobrar de ahí la multa. “Ya lo hemos hecho inmediatamente después de la emisión del fallo; espero yo una decisión en muy breve plazo”, dice Gonzalo Gutiérrez.
El diplomático explica que en las sentencias se rechaza la aspiración de las empresas de eliminar las multas que colocó la Secretaría General de la CAN, por colusión en el mercado ecuatoriano, a través de una vinculación interempresarial, con matrices que estaban en Colombia.
“Eso significa realmente una decisión casi histórica, porque es la primera vez que se colocan unas multas de este nivel. Pero, al mismo tiempo, representa mucho porque el Tribunal Andino de Justicia ha ratificado el derecho y al obligación que tiene la Secretaría General de defender a los usuarios, a los consumidores andinos”, resalta Gutiérrez.
Según su criterio, más allá de las sanciones económicas o que la propia situación de las empresas, la ratificación del Tribunal deja un claro mensaje a las compañías de los países de la CAN de que deben respetar las reglas del mercado. “No es posible y no es admisible, y no vamos a permitir que exista colusión que perjudique directamente a los usuarios”, insiste.
Adelanta que se están analizando más casos de posibles prácticas irregulares; sin embargo, prefiere no ahondar en detalles para no comprometer las investigaciones. “El análisis tiene que ser muy serio, muy profundo, para ver si justifica tomar acciones como las que hemos tomado en este caso que estamos tratando”, aclara.
“Nuestros países están inmersos en un sistema en el que las empresas deben concurrir en el mercado, pero deben concurrir en igualdad de condiciones, evitando cualquier tipo de concertación que a la larga siempre perjudica al usuario de bienes y servicios. Nosotros cautelaremos aquellos casos que tengan una connotación transnacional. En los casos que son eminentemente nacionales, son las autoridades de cada país las que tienen totalmente la prioridad para abordar esos casos”, señala Gonzalo Gutiérrez en su despacho, en Lima, capital de Perú. (I)
