La participación de la empresa privada podría favorecer una de las metas a corto plazo que se ha impuesto el Gobierno Nacional en el tema petrolero y que es subir la producción en 40.000 barriles diarios hasta diciembre del 2021. Al 15 de agosto el Ecuador produce 478.760 barriles diarios. De los cuales, 379.180 son producidos por Petroecuador y 99.580 por las empresas privadas.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, informó la semana pasada que desde este mismo año pretende incrementar la producción petrolera en al menos 40.000 barriles diarios. Esto es el 8 % más de lo que hoy se produce diariamente. Además se mantiene en la idea de incrementar la producción a un millón de barriles en cuatro años (esto significa duplicar la producción actual). Esto representaría, ha dicho, la generación de $ 7.000 millones el año de ingresos y por lo tanto cubrir el déficit fiscal e incluso tener un superávit de $ 3.000 millones.
Gonzalo González, coordinador de Competro (Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito), consideró que todo es posible dependiendo de las inversiones y la eficiencia de estas. De acuerdo con González, ENAP de Chile podría generar producciones incrementales sobre todo atadas a la ronda intracampos. También Petrobell tiene un plan de expansión de contrato que está pendiente de decisión; mientras que Andes Petroleum tiene pendiente una ampliación de plazo. Además, Schlumberger podría migrar ciertas inversiones previstas a campos de Petroecuador que están bajo contrato de servicios.
Ayer, de manera extraoficial se conoció que este martes, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, tendría una reunión con el sector de empresas privadas para analizar estrategias para poder incrementar la producción. El miércoles se daría, en cambio, una reunión del sector con el presidente Lasso.
De acuerdo con José Gabriel Castillo, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Espol, existen al menos dos barreras a superar, sin lo cual es muy difícil que se concreten las intenciones del Gobierno de poder mejorar los niveles de producción petrolera.
La primera es la seguridad jurídica. En este tema, al momento no hay todavía claridad sobre cuál es el tipo de contratos que se aplicarán. Si estos van a ser de participación y sus condiciones. Explicó que el hecho de que Ecuador haya firmado la convención del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) sí contribuye a tener mayores certezas a los inversores.
En segundo lugar hay dudas sobre la consulta previa para proyectos de extracción petrolera y manera, pues no está claro cuál es el alcance de la normativa y si esta es vinculante o no. Explicó que las empresas privadas están recibiendo presión de los bancos comerciales que las financian a fin de que los proyectos que se realizan, tengan enfoques ambientales e incluso definiciones sobre tomas como la consulta previa. Considera que aún si el Gobierno logra resolver estas barreras, todavía resta todo un proceso sobre las inversiones que no se hacen de un día para otro. Por ello, considera que está bien que se planteen metas altas (un millón de barriles), pero que seguramente se obtendrán resultados intermedios.
En todo caso, desde ya se presentan voces en contra de la política petrolera del Gobierno. La semana pasada, Colectivos como Acción Ecológica y Caminantes. El activista ecológico Pedro Bermeo consideró que la propuesta del Gobierno de incrementar la producción solo se podría lograr ampliando la frontera extractiva, lo cual afectará a las comunidades indígenas y generará la resistencia. Además explicó que la intención del Gobierno de cambiar los contratos petroleros que buscan ser más atractivos para las empresas privadas, lo serán en la medida que haya mayor renta para las privadas, pero menores beneficios para el Estado, lo cual no sería conveniente para el país.
Entre tanto, varios colectivos de trabajadores, de profesionales y académicos pidieron la semana pasada que el Gobierno derogue el Decreto 95 sobre la Política Hidrocarburífera.
David Almeida, secretario general de Antep (que aglutina a trabajadores de empresas públicas de petróleo y eléctricas), dijo que los argumentos técnicos sobre la posibilidad de incrementar la producción a un millón de barriles no son sólidos. Explicó que un colectivo petrolero cercano a Lasso había dado ciertas cifras, pero sin sustentar las reservas, y hablando de producción en áreas como el precretácico o de fracking, de las cuales no hay certeza.
Para Almeida es importante que el Gobierno cumpla con la Constitución y la Ley, a fin de que las empresas públicas tengan autonomía administrativa y financiera. Así los ingresos de la petrolera deben mantenerse en la empresa. Dijo que los $ 1.000 millones que recibirá el Gobierno del FMI deben usarse Petroecuador.