El abuso de la emisión de los Certificados de Tesorería (CETES) preocupó al Fondo Monetario Internacional (FMI). Esos documentos fueron emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir obligaciones pendientes del Estado.
La cartera de Estado hará correcciones al Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) en este mes. La idea es reemplazar ese tipo de certificado por un nuevo “instrumento de corto plazo para liquidez”; y crear un cronograma de pago a los tenedores de los Cetes.
Aquello está previsto en el Plan de Acción de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, emitido la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Esa reforma es parte de la Carta de Intención que firmó Ecuador con el FMI. Allí se plantea que el Gobierno debe enmendar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para “restringir el uso de Cetes para el financiamiento a corto plazo”.
Actualmente, en el artículo 171 de ese código orgánico, se establece que el ministerio puede emitir esos certificados para financiar gastos de sueldos y salarios; compra de bonos y pago de deuda y transferencias (…).
Esto en el caso de presentarse deficiencias temporales o para la optimización de la liquidez en la economía. Según la ley, el plazo para redimir esos certificados no podrá superar los 359 días (corto plazo).
El analista económico Fausto Ortiz dijo que la Administración de Rafael Correa no cumplió con la ley al no cancelar la deuda en el plazo previsto. “Con ello, el Gobierno anterior evitó que esos rubros se incluyan dentro de la definición de deuda”, aclaró.
Esa es una de las razones para que en los registros de deuda pública, durante la década correísta, no se estableciera el monto a pagar por los certificados emitidos. Esos rubros recién fueron incorporados en los informes de la deuda, a partir de abril del año 2018.
Para las correcciones que pretende Finanzas, se partirá de un balance sobre la situación de los tenedores de los certificados. Hasta marzo pasado había un rubro (deuda) de $ 3.524 millones.
Con esa base se armará hasta septiembre de 2019, un plan de reducción del “stock” de los Cetes en un plazo no menor a 10 años.
Ortiz afirmó que con ello, el Ejecutivo busca “ordenar las cuentas y que el Ministerio de Finanzas no actúe de forma irresponsable porque al no tener plata no debe usar los certificados”.
Por su parte, el analista económico, Walter Spurrier, detalló cómo se usaron los Cetes en la década correísta. Afirmó que la mayoría de esos certificados fueron destinados al Banco Central del Ecuador para buscar liquidez.
“Cuando se vencía el tiempo para pagar los Cetes, el Gobierno en vez de cancelar emitía otros certificados. Eso se convirtió en una deuda de largo plazo”, subrayó el analista.
En las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que se hicieron en agosto del 2018, ya se estableció que el Banco Central no podrá invertir en Cetes o en cualquier título valor emitido por el Estado. Asimismo, se determinó que en ningún caso, el plazo para el pago efectivo de los certificados podrá superar los 360 días.
A pesar de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas busca que ya no se use esos certificados; más bien, en la reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que trabaja actualmente, introducirá un nuevo “instrumento de corto plazo”.
En el plan la cartera no detalla las características de ese nuevo mecanismo. El experto financiero Fausto Cabrera plantea que un instrumento pueden ser los préstamos de organismos multilaterales.