Gobierno espera resolver tema antes de irse. Opiniones divididas: aprovechar inversión hecha de $ 1.475 millones o conservar los pocos inversionistas que quedan
El contrato con OCP establecía que la empresa debía construir el oleoducto y operarlo por esos 20 años, en los cuales debía recuperar su inversión y tener también una ganancia, y transcurrido ese tiempo la infraestructura retornaba al Estado.
En noviembre del 2023 se cumplen 20 años desde que la empresa OCP empezó a operar el Oleoducto de Crudos Pesados, dentro de la concesión que dio el Estado a un consorcio de empresas petroleras. El contrato establecía que la empresa debía construir un oleoducto y operarlo por esos 20 años, en los cuales debía recuperar su inversión y tener también una ganancia. Transcurrido ese tiempo la infraestructura debe retornar al Estado.
Pero en estos momentos se abre un debate sobre lo que pasará con este contrato, en medio de la transición a un nuevo gobierno y lo que quieren las empresas que ahora manejan el OCP: ampliar el contrato y que la infraestructura no se revierta. Todo esto, tomando en cuenta que el Estado no tiene recursos para inversión ni mantenimiento, ni para construir la nueva variante que se requiere para evitar la destrucción, dentro del problema que representa la erosión regresiva del río Coca.
Sobre el tema, hay voces contradictorias.
Oswaldo Erazo, experto en temas petroleros y secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, explica que a simple vista al Estado no le conviene ampliar el plazo del contrato del OCP. Más bien, lo conveniente sería que esa infraestructura -en la que por contrato la empresa privada invirtió $ 1.475 millones- pasara a manos del Estado y ahora poder aprovecharla.
Es que el OCP ha invertido esos $ 1.475 millones, según datos de la propia empresa, para tener esa infraestructura. Erazo dice que el contrato establece en el artículo 12.1 que a la fecha de terminación del contrato la empresa privada le transferirá al Estado sus acciones. El contrato se termina por vencimiento del plazo, por declaración unilateral en casos de fuerza mayor y por mutuo acuerdo. En este caso, aplica la primera causal.
En este sentido, indica que al OCP le corresponde devolver la infraestructura y Petroecuador, a nombre del Estado, recibiría esa infraestructura. Actualmente el OCP, que transporta 149.000 barriles diarios a $ 2,14 por barril, tiene ingresos por $ 318.824, que en un año ascienden a $ 116′370.000. Ese dinero podría ir al Estado.
Erazo comenta que se han hecho públicos acercamientos del ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, con empresas del OCP para la ampliación del contrato y que la oferta es crear una variante definitiva por el problema del río Coca. Según Erazo, esta oferta podría no cumplirse si se toma en cuenta que en 20 años el OCP no hizo una variante segura.
Adicionalmente, explica que al estar el Gobierno en sus meses finales de administración no es conveniente que este adopte una decisión tan delicada, sobre todo tomando en cuenta que en la política petrolera y energética este Gobierno no ha tenido aciertos. “Este gobierno en política petrolera no tuvo mayor avance en estos dos años. No hay ningún acierto, por eso cuando está finalizando no debe tomar decisiones apresuradas”, dice.
Para Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, el contrato con el OCP se vence en 2023 y de acuerdo al contrato está “la obligación legal y contractual de revertir al Estado ecuatoriano la propiedad y operación de dicha infraestructura”. Lamenta que el ministerio argumente que se ampliaría el contrato debido a que hace falta construir una variante definitiva para el OCP y que la empresa estatal no cuenta con los recursos para ello. Para Llanes, sería ilegal ampliar la vigencia de los contratos, pues la ley de hidrocarburos no lo contempla.
Entre tanto, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, asegura que el gran problema que existe es que el Estado no es bueno para administrar este tipo de activos. En este sentido, piensa que lo mejor que puede hacer es volver a concesionar el contrato renegociando la concesión. Explica que no se podría hacerlo bajo las mismas condiciones, pues ya no es lo mismo cuando la empresa va a construir de cero el oleoducto a cuando se debe administrar y mantener y hacer otras inversiones como la de la variante.
Indica que si se vuelve a concesionar, el Estado tendrá una garantía de que este funcionará como hasta ahora, en buenas condiciones. Expone que Petroecuador debería seguir concentrado en invertir en producción, pero que lamentablemente esto no ha ocurrido, por lo que es evidente que no tendría recursos para el OCP. “Lo ideal es liberarse de la carga, renegociando con base en los costos de operación y mantenimiento”, sostiene.
Al ser consultado si no sería más beneficioso que la infraestructura pase nuevamente al Estado y realizar una nueva concesión con varios interesados, Acosta afirma que el problema del Ecuador es que cada vez tiene menos interesados en invertir en el país. Comenta que los problemas políticos, el problema de la consulta del Yasuní, ahuyentan a los inversionistas. No sería conveniente volver a cero, si al menos ahora ya existe un interesado que es la misma empresa OCP. “Hay que conservar a los pocos inversionistas que nos quedan”, dice.
En estos días, Pampa que es la actual accionista mayoritaria del OCP, luego de haber comprado las acciones a Repsol y otras empresas, y el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, han hecho declaraciones en las que se percibe que aún no hay un acuerdo de cuál sería la figura del contrato en el caso de ser renovado.
El ministro ha insistido en que buscarán resolverlo antes de irse. Y sobre qué ruta se tomará para el tema del OCP ha dicho que depende: “Si pasa la infraestructura al Estado, haríamos un nuevo contrato de operación y mantenimiento, pero si la tesis es que se extienda el contrato y siga en manos de Pampa, entonces sería una extensión. Son figuras semánticas”, precisa. (I)