Ley para pago directo a municipios y prefecturas se ve inviable por falta de recursos del Estado
Débito automático de la Cuenta del Tesoro aumentaría desequilibrios fiscales y afectaría pago de sueldos públicos, alertan analistas.
La reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional para asegurar la asignación directa a los municipios, prefecturas y otros “no es viable”. Los problemas fiscales del Gobierno hacen que se vuelva complejo cumplir con esos pagos y podrían generar daños colaterales, como por ejemplo, dejar de pagar sueldos al sector público.
Este es el panorama que se avisora por la ley que reforma varias leyes para asignar los recursos permanentes y no permanentes que les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y que determina que el Banco Central del Ecuador realice descuentos automáticos a la Cuenta del Tesoro para pagar a estas entidades,
El Gobierno tiene que pagar más de $ 2.000 millones a los GAD, por deudas anteriores. Esto debería hacerlo en 90 días.
De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), la ley aprobada “refleja la miopía política, pues los políticos no entienden cómo funcionan las finanzas públicas. Es una ley absurda que el presidente Daniel Noboa debería vetar”.
Para Carrera, esta ley no es aplicable y la única manera de que haya puntualidad en las entregas de las asignaciones a los GAD es cuando haya sostenibilidad fiscal.
La sostenibilidad fiscal significa que los ingresos deben sostener los gastos, que debe haber un déficit manejable y que el Estado debe ser capaz de cubrir dicho déficit y las amortizaciones. Sin embargo, esta no es la situación del Gobierno, sino más bien existen problemas de liquidez.
Explica que si se le debita automáticamente de la Cuenta del Tesoro los dineros, cuando no tiene recursos, lo único que se consigue es aumentar la precariedad, los desequilibrios fiscales.
Dice que lógicamente el pago automático no genera dinero, pero esto no parece ser entendido por quienes aprobaron la ley. Inclusive, asegura que medidas como la preasignación que se da tanto a GAD como a universidades resulta antitécnica, pues se le retira la posibilidad de manejar un 30 % del presupuesto.
Entre tanto, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, sostiene que la ley es “absolutamente inviable”. Actualmente, el fisco tiene dificultades para pagar y por ello acumula atrasos. En este sentido, pagar en 90 días los atrasos con los gobiernos seccionales se vuelve muy complejo. Mes a mes el Gobierno ya tiene el desafío de pagar sueldos.
Adicionalmente, indica que muy probablemente el Gobierno vetará de manera total o parcial la ley. Considera que se debe hacer un esquema de pagos, una tabla de amortización, para poder corregir estos atrasos, pero con fórmulas realizables. Expone que los políticos de la Asamblea y de los GAD no están mirando que no se trata de una falta de voluntad de pagar esos recursos, sino que no hay recursos.
Si se llegara a concretar la medida, esto llevaría a:
- Dejar de pagar sueldos públicos
- Dejar de pagar a proveedores
- Se generarían problemas de flujo en el Gobierno.
Según las cifras mencionadas durante el debate parlamentario, el régimen les adeuda:
- A las prefecturas: $ 571 millones
- A municipios: $ 520 millones
- A gobiernos parroquiales: $ 19 millones
- Al Fondo Amazónico: $ 950 millones. (I)
