El impuesto de las ganancias extraordinarias, el cual causó incertidumbre en las grandes empresas mineras interesadas en invertir en el país, fue eliminado de la legislación ecuatoriana.
Dentro del reglamento de la Ley de Fomento Productivo, el Gobierno resolvió suprimir el Artículo 86.1 que imponía tributos a los ingresos extraordinarios de esta actividad industrial, luego de la aplicación de una fórmula determinada por los precios de los metales en el mercado.
Este impuesto entró en vigencia en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa, sin embargo no generó ingresos al fisco.
Para Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería de Ecuador, este régimen impositivo causó más ruido que beneficios para el país, pues las empresas mineras vieron con recelo esta condición tributaria.
“Es positivo para el sector que se haya quitado el tributo por las ganancias extraordinarias, por el cual el Estado no percibió nada, pues los grandes proyectos, como Mirador o Fruta del Norte, aún no han empezado su fase de producción”, puntualizó Icaza.
Reconoció que este era un factor que impedía atraer inversiones. Pero no solo la eliminación de este artículo es bien recibida por el sector.
El reglamento contempla que para nuevas inversiones habrá una exoneración del Impuesto a Salida de Divisas (ISD). Además, se establecen beneficios en regalías para aquellos contribuyentes que mantengan contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables.
Para César Zumárraga, experto en legislación sobre temas mineros y miembros de prestigiosas instituciones, como Rocky Mountain Mineral Law Foundation (RMMLF), el cambio en el esquema de regalías es beneficioso.
El legista explicó que en mediana y gran minería, las regalías se calculaban ente el 5% y el 8% y ahora, con la nueva normativa, la base bajó del 3% al 8%. El Estado cede un porcentaje, pero apunta a atraer más recursos.
“El nuevo esquema es más atractivo para que el inversionista pueda tener del Estado una regalía mayor, y con la operación pueda recuperar en menor tiempo la inversión realizada”, apuntó Zumárraga.
Para el colectivo Yasunidos, las flexibilidades que plantea el régimen en la Ley de Fomento Productivo para la minería a gran escala, no consideran los impactos sociales, ambientales y económicos para el país. Además responden a intereses empresariales y transnacionales.