La posibilidad de aplicar nuevas formas contractuales, migración de contratos a los de participación y delegación de los campos de Petroecuador a manos privadas, la refinación de combustibles dentro y fuera del país, la importación de combustibles sin aranceles son parte de los temas más relevantes que trae la Ley de Creación de Oportunidades en el tema petrolero.
La megaley que fue presentada ante la Asamblea con carácter económico urgente, es decir que debe tratarla en 30 días, aún debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para luego pasar a una comisión que la revise. La ley tiene temas tributarios, laborales y también un segmento que reforma a la Ley de Hidrocarburos. Todas estas reformas obedecen al Decreto 95 que determinó la política petrolera del país y que busca duplicar la producción petrolera.
Así la ley establece que se incorporarán nuevas formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana o de usual empleo en la industria a nivel internacional, mientras no contravengan la legislación ecuatoriana y que podrán ser determinadas en el reglamento de la ley. Las modalidades contractuales pueden ser utilizadas para áreas o bloques con potencial hidrocarburífero o en producción. La ley también indica que el Estado podrá delegar su exploración y/o explotación.
Adicionalmente, el texto propuesto establece la posibilidad de cambios de modalidad de contratos, siempre y cuando el Estado mantenga la renta petrolera de los bloques o áreas, y que sus beneficios no puedan ser menores a los que se obtenían hasta el año inmediato anterior al del año de la modificación.
En cuanto a la importación de combustibles se libera de pago de aranceles o impuestos al comercio exterior a todos quienes importen combustibles destinados para el consumo interno del país, siempre y cuando cuenten con autorización del ministerio.
En la nueva ley también se prevé la posibilidad de que los hidrocarburos puedan ser industrializados dentro o fuera del país por medio de mecanismos contractuales que permitan al Estado subcontratar de manera directa su refinación.
Sobre el tema, el analista Gonzalo González explicó que la ley apunta a lo correcto, pues hay que mejorar la oferta de campos con potencialidad y de recursos explotables. Considera que Petroecuador debe liberar los campos para que las empresas privadas puedan realizar su actividad, pero a la vez puedan acceder a créditos con la contabilidad de la producción que tendrían.
Sobre el tema de la refinación, explica que con el artículo se abre la posibilidad a que el Ecuador pueda pedir que se refine el crudo en el exterior, sobre todo porque en el mundo de hoy se puede aprovechar la infraestructura instalada a nivel mundial a tarifas más competitivas. Explica que esto no es excluyente con respecto a proyectos de construcción de refinerías en el Ecuador, pero reconoce que para ello se requieren importantes inversiones.
La ley permite adoptar figuras de contratación diversas, lo cual es positivo porque todo el tiempo está evolucionando la actividad, explica González. También se permite migrar los contratos actuales a los de Participación, siempre de común acuerdo. Para González es importante que el Gobierno mencione cuál es el plan B en caso de que la ley no llegara a ser aprobada.
Entre tanto, de acuerdo con Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, las reformas propuestas son positivas pues abren la puerta a la participación de la inversión y está totalmente armonizada con el Decreto 316 de la Constitución que permite que de manera excepcional el Estado pueda delegar a la iniciativa privada la actividad de sectores estratégicos como el petróleo. Explica que la ley permite al sector privado importar combustibles ya sin pagar aranceles, lo cual significa que lo podrán hacer en igualdad de condiciones con Petroecuador y esto permitiría que se traigan combustibles de mejor calidad y a mejores precios.
Para Santos, el problema que existe es que la ley por sí misma no va a permitir el incremento de producción de un solo barril. A pesar de que crea las condiciones atractivas para que vengan el capital y la técnica privada, hace falta la voluntad política para que Petroecuador deje los campos ITT y Sacha a la iniciativa privada. Solo así podría incrementarse a corto plazo la producción. De lo contrario, dice, restaría esperar a que haya otras inversiones y exploraciones en otros sitios, lo cual durará al menos ocho años más. Asegura que en manos de las privadas el ITT podría llegar a producir 70.000 barriles más y Sacha otros 40.000 adicionales, es decir, 110.000 barriles de incremento.
Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y el petróleo, en cambio, rechaza la Ley en varios aspectos. Sobre la reforma petrolera dice que ratifica una serie de ilegalidades establecidas en el Decreto 95, suscrito por el presidente Lasso, el 7 de julio de 2021.
No están de acuerdo con la delegación de los campos en producción ni con el cambio de contratos de prestación de servicios a contratos de participación. Explican además que la privatización de la refinación, importación y distribución de combustibles cierra el círculo de la liberación de precios de derivados, y se facilita la privatización. Los trabajadores dijeron que se mantendrán vigilantes a las decisiones que tome la Asamblea.