En los últimos siete años, las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) dieron un salto importante. Mientras en el 2012 sus activos sumaban USD 6 027 millones, al cierre del año pasado (2018) sumaron 14 016 millones, según la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Ese mismo comportamiento también se observa en variables como los pasivos, el patrimonio, los créditos, los depósitos, las utilidades y el número de socios.
Hace siete años, estas entidades colocaron USD 4 562 millones en préstamos a sus socios y el 2018 la cifra llegó a 10 040 millones, lo que equivale al 27% de todo el crédito formal entregado en el país. En ese período, las utilidades del sector financiero popular y solidario también subieron y pasaron de USD 74 millones a 170 millones.
Para la SEPS, este dinamismo refleja la confianza de los clientes y es resultado del control que tienen las instituciones. La Superintendencia fue creada en el 2012 y entre sus competencias está la regulación de un sector que está en proceso de consolidación.
La expansión del sector cooperativo se explica, entre otros factores, porque las cooperativas tienen mayor presencia en poblaciones rurales, sus productos y servicios se han diversificado y colocan más del 60% del microcrédito en el país, destacó Wilson Araque, presidente de la Red de Instituciones Financiera de Desarrollo.
Por cada dólar que capta en las zonas rurales, el sector financiero popular y solidario coloca USD 1,66. En los lugares con mayor índice de pobreza, la colocación es de USD 1,71. Como resultado de lo anterior, el número de socios (clientes) aumentó. En siete años pasó de 5 millones a 6,8 millones.
Las cooperativas están dividas en cinco segmentos (incluyendo a mutualistas), de acuerdo con el volumen de activos. En el primero están las 31 instituciones más grandes (activos superiores a USD 80 millones). En el último nivel se encuentran 277 cajas de ahorro, bancos y cajas comunales.
El 27,2% del volumen de crédito concedido por las cooperativas se concentra en las tres organizaciones con mayor capacidad: Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP), Jardín Azuayo y Policía Nacional. Las dos primeras entidades se encuentran en Azuay y están en el ‘ranking’ de 11 instituciones más grandes de América Latina y el Caribe, según un estudio de la Confederación Alemana de Cooperativas.
La JEP aumentará su presencia cuando termine de absorber los activos, pasivos y patrimonio de la Cooperativa de Suboficiales de la Policía Nacional, operación que fue autorizada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, el 13 de junio pasado.
Antes del 2012, las COAC más grandes del país, alrededor de 40, eran controladas por la Superintendencia de Bancos y el resto estaba bajo supervisión del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Hasta diciembre del 2018 se registraban 608 organizaciones en todos los segmentos; pero solo 555 reportaron sus estados financieros a la SEPS.
Édgar Peñaherrera, vocero de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), mencionó que antes del aparecimiento de la Superintendencia había más de 1 000 cooperativas dispersas, pero con la nueva autoridad se implementaron controles más rigurosos, por lo que el número se redujo.
En ese proceso, varias COAC cerraron por una mala administración, comentó Pedro Morales, gerente de la Cooperativa Riobamba. En Chimborazo hay 200 cooperativas.
La Asociación de Bancos Privados ha puesto reparos sobre las normativas y mecanismos que rigen a las cooperativas, asegurando que no existe armonía con la banca, por ejemplo, en temas de reservas, liquidez, entre otros.
Incluso, el Fondo Monetario Internacional, como parte del acuerdo de financiamiento con Ecuador, recomendó ejercer más control a este segmento económico, debido al crecimiento del crédito privado.
Uno de los puntos que se deben tratar es el cálculo de morosidad, cuya tasa se ubica en el 4,5% en cooperativas y en el 3,05% en la banca privada. La SEPS ya analiza el tema.