El Ministerio de Energía, que nació en septiembre pasado de la fusión de tres entidades, dispondrá de menos recursos en este 2019.
Para cubrir los requerimientos de los sectores hidrocarburífero,
eléctrico y minero, la Cartera de Estado contará con USD 147,8 millones, según
el presupuesto aprobado para este año. Es decir, son USD 600 millones
menos en relación con la Pro forma del 2018.
La asignación actual para los sectores estratégicos es la más baja de
los últimos cuatro años.
Esta reducción se explica porque cinco de las ocho hidroeléctricas
nuevas que impulsó el Gobierno anterior se encuentran ya funcionando.
Delsitanisagua y Minas-San Francisco se incorporaron entre diciembre y enero
pasados. Manduriacu, Sopladora y Coca Codo Sinclair empezaron a operar entre el
2015 y 2016. Mientras que Toachi-Pilatón, Mazar-Dudas y Quijos se
encuentran pendientes.
“El problema ya no es la construcción de infraestructura; hay un exceso en la
producción de energía eléctrica”, manifestó José Luis Fuentes, consultor en
políticas públicas energéticas.
De acuerdo con el Plan Anual de Inversiones, este año se destinará un
total de USD 128,3 millones para los sectores estratégicos, es decir casi seis
veces menos frente a lo asignado durante el año anterior. Para gasto corriente
se contará con USD 19,5 millones.
El plan actual prioriza los proyectos de transmisión eléctrica.
Entre estos constan USD 32 millones para concluir el sistema de 500 kilovoltios
(kV). Este cableado permitirá transportar la energía desde el Coca Codo
Sinclair, hasta el Chorrillo, en Guayas.
El Gobierno prevé que esta red de transmisión entre en operación en
abril próximo.
También se incluye la ejecución de 17 proyectos relacionados con la
implementación de fuentes energéticas con recursos renovables; son USD
6,8 millones para continuar con la ejecución de Mazar-Dudas y Toachi-Pilatón.
Pero aún no se conoce qué firmas asumirán estas obras, las cuales están
suspendidas.
La central hidroeléctrica Sopladora, que ya está
en operación, también recibirá una asignación de USD 750 000.
En total, para el sector eléctrico se destinarán alrededor de USD 125,7
millones. Este rubro no incluye asignaciones para la culminación de la central
Quijos ni para el Programa de Cocción Eficiente.
El Gobierno anunció a mediados del mes pasado que reduciría el subsidio
tarifario para quienes usaban cocina a inducción y duchas, aunque un día
después dio marcha atrás y decidió mantener el beneficio durante un año más.
Las inversiones para impulsar el sector petrolero estatal no entran en
el presupuesto de la Cartera de Energía, porque se hacen a través de
Petroamazonas.
Esta firma estatal cuenta este año con un presupuesto de USD 3 665,8
millones. El mayor reto de la petrolera será subir la producción, la cual cerró
a la baja en el 2018.
La inversión en minería se ejecuta a través de la Empresa Nacional Minera
del Ecuador (Enami), que tiene a cargo algunas concesiones. La más
importante es Llurimagua, en Imbabura, que desarrolla junto a la chilena
Codelco.
La nómina del Ministerio de Energía se ajustó. Se pasó de 795
colaboradores en mayo pasado, antes de la fusión, a 603, de acuerdo con datos
de enero.
Esta optimización, según la Cartera de Estado, se hizo tras una
evaluación a los funcionarios a través de la Price Waterhouse y el Ministerio
del Trabajo. La reducción se dio inicialmente en el grupo de contratos
ocasionales y nombramientos provisionales.
Desde la fusión, en septiembre pasado, la flamante Cartera lanzó
la XII Ronda Petrolera Intracampos y en noviembre arrancó una evaluación de Coca
Codo Sinclair, que presenta fisuras en los distribuidores.
También se solicitó a la Contraloría y Fiscalía investigar a las
refinerías Esmeraldas y del Pacífico; y los proyectos Bajo Alto, Monteverde y
Pascuales-Cuenca, en los que se identificaron irregularidades, según un informe
realizado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas, que se presentó en
enero pasado.
Para este año, el Ministerio informó que seguirá con la recuperación de obras
que, por diferentes causas, han estado paralizadas o su funcionamiento no ha
sido técnicamente adecuado.
Entre sus metas se encuentra mantener estable la producción petrolera y
fomentar la inversión privada en el sector.