Con la reducción de al menos el 10% de la nómina actual, el Gobierno inicia el plan de optimización de las 21 empresas públicas, en las que laboran al momento aproximadamente 39.000 personas.
Entre 3.000 y 3.500 trabajadores serán desvinculados de sus puestos este año.
Con esta medida se estima un ahorro anual de $ 60 millones, que se dejarán de gastar por concepto de pago de remuneraciones.
Así lo indicó Sergio Enderica, presidente del directorio de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), al término de una reunión sobre el tema.
El diálogo se realizó a puerta cerrada por más de una hora en un auditorio de la Plataforma Financiera, en Quito, a la que asistieron gerentes de las EP, trabajadores y representantes del Ejecutivo.
Fue el primero de una serie de encuentros que se desarrollarán para hallar consensos sobre el procedimiento a seguir con las desvinculaciones.
“La situación de las empresas públicas es insostenible, queremos optimizar la masa salarial (…) no es posible que existan más asesores que gerentes”, sentenció José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia.
El plan incluirá el cronograma de salida del personal durante el año, liquidaciones y más aspectos relacionados.
Sergio Enderica garantizó que existen los recursos necesarios para cubrir las liquidaciones de los empleados removidos en cada EP.
“Cualquier necesidad adicional que no estén las empresas en capacidad de cubrir, (el Ministerio de) Finanzas nos apoyará”, agregó el funcionario.
Richard Gómez, representante de un sector de los trabajadores, señaló que entre los mandos superiores “existen algunos cargos creados en anteriores administraciones, que a la final no están cumpliendo roles específicos”.
Oswaldo Chica, secretario general del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), señaló que si se acoge la propuesta, las desvinculaciones en la CNT bordearían el 16%.
Según él, “gobiernos anteriores inflaron las empresas públicas”.
Hasta diciembre de 2018, la Corporación registraba 8.549 empleados.
Darwin Romero, gerente de la compañía, confirmó que el proceso se llevará en coordinación con el sindicato, sin afectar la prestación de servicios.
María Paula Romo, secretaria de la Política, manifestó que las autoridades están interesadas y comprometidas en “escuchar las opiniones de los trabajadores”.
No obstante de cómo fluyan las conversaciones, aclaró que la disminución de personal seguirá su curso. “Hay que poner la casa en orden”, subrayó.
El próximo 20 de febrero cada EP deberá presentar a la EMCO el plan de optimización, con al menos el 10% de reducción de la nómina actual, dependiendo de su situación.
Por ejemplo, Enfarma está en proceso de liquidación y merece otro tratamiento.
La reducción de personal de las EP obedece a las políticas de eficiencia del Estado, con base en el Decreto Ejecutivo 135, de septiembre de 2017, el cual establece lineamientos para disminuir el gasto público.
La propuesta de los trabajadores es que los recortes empiecen por el nivel jerárquico superior (gerentes, asesores, coordinadores, etc.) y personal sin funciones específicas.
Además se busca aprovechar para incluir en el plan a empleados que no han podido jubilarse.
Una de las empresas públicas con más personal es Petroamazonas.
El gerente general, Álex Galárraga, indicó que entre 2017 y 2018 se efectuó un proceso de recorte del 5% (400 empleados) de la nómina.
La petrolera desembolsó alrededor de $ 7 millones en pago de liquidaciones.
Actualmente la institución posee 7.238 colaboradores. Para 2019 la meta de optimización es quedarse con 6.900 trabajadores.