Luego de varios meses de espera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un cronograma de pagos en efectivo a los exservidores públicos que esperan recibir las compensaciones jubilares por parte del Estado. Algunos casos datan del 2008.
El 29 de abril pasado dirigentes de los jubilados fueron convocados a una reunión en Finanzas, en Quito, también asistieron representantes del Estado. Ahí, Andrés Briones, delegado del Ministerio para atender este tema, expuso un plan que arrancará en mayo y terminará en diciembre.
EL COMERCIO tuvo acceso al cronograma. Cada mes el Gobierno desembolsará USD 12,3 millones; es decir, un total de USD 97,9 millones para ocho meses. Con esa cantidad se cancelará a 1 950 jubilados. De ellos, 79 corresponden a casos considerados obligatorios y otros 1 871 son priorizados. Se trata de personas mayores de 70 años de edad, que padecen enfermedades catastróficas o tienen alguna discapacidad.
Los exfuncionarios son parte de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), del Código de Trabajo y de la Ley Orgánica Interpretativa. Los casos relacionados con el Ministerio de Educación son 1 690 y recibirán USD 84,1 millones, del Ministerio de Salud suman 17 beneficiarios con USD 867 402, y USD 13 millones se repartirán entre 243 exempleados de otras entidades.
Jaime Ruiz, dirigente de servidores jubilados, confirmó a este Diario que estos recursos serán únicamente para pagos en efectivo. Él estuvo presente en la reunión de la semana pasada e indicó que cada Ministerio o institución pública deberá informar a los jubilados que resulten favorecidos.
Las transferencias serán ejecutadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) a las cuentas bancarias personales de los exfuncionarios, una vez que las carteras de Trabajo y Finanzas den su aprobación.
Los USD 252 millones que quedan del presupuesto, después del rubro en efectivo, Finanzas los distribuirá a través de bonos del Estado.
La adquisición de estos papeles será voluntaria, ningún jubilado está obligado a recibir los papeles, aseguró Andrés Briones el 11 de abril pasado, en una comparecencia en la Asamblea.
La cantidad de personas interesadas en los bonos, así como el monto que significará, se prevé conocer el próximo 8 de mayo, en un nuevo encuentro entre autoridades y jubilados, adelantó Ruiz. El Ministerio de Finanzas corroboró a este Diario la cita para ese día.
El tiempo de vencimiento de los títulos va de 1 a 10 años, con tasas de interés anual que oscilan entre el 3,25% y el 6,50%, según la edad de quienes los soliciten. Por ejemplo, los papeles que tomen personas de 69 años, o más, vencerán en 12 meses y el Estado pagará el menor interés.
En la misma comparecencia del 11 de abril, Briones señaló que dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2019, el Gobierno calculó destinar USD 350 millones -para cubrir a unos 6 000 exservidores-, pero en este año no se han hecho pagos por este rubro. La última transacción fue en noviembre del 2018.
Al legislador Homero Castanier (Creo), presidente de la Comisión Especializada que sigue el tema, le preocupa que no exista forma de regular el castigo (descuento) que las casas de valores determinen sobre los papeles, cuando los exservidores busquen negociar en la Bolsa, antes del vencimiento de los bonos.
El legislador señaló que ha recibido denuncias de exempleados públicos a quienes, en el pasado, también se les pagó con bonos estatales y por la urgencia de obtener recursos líquidos aceptaron castigos de hasta el 60%, disminuyendo la cantidad de dinero que debían obtener por la compensación del Estado.
Castanier increpó al Gobierno por no haber ejecutado ni una parte del presupuesto en los primeros cinco meses del año. Espera que el cronograma de pagos en efectivo no se quede en promesa.
Aún queda pendiente por saldar USD 375 millones; de ese monto USD 177 millones corresponde a la Ley Interpretativa y el resto a la reforma del Acuerdo Ministerial 185.
Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, saludó el plan de transferencias en efectivo, pero cuestiona que se cubrirá a una “pequeña porción” de todos los expedientes represados desde el 2008.
Entre el 2017 y 2018 el Gobierno actual pagó alrededor de USD 710 millones en compensaciones jubilares a un aproximado de 14 000 exempleados.