La directora general del IESS, Olga Núñez, explicó ante la Comisión de Régimen Económico que el Gobierno, en el presupuesto del 2021, ha asignado menos recursos de los requeridos por la entidad de seguridad social. De acuerdo con los cálculos del IESS, deberían tener asignado un presupuesto para 2021 que alcance $ 2.100 millones. Sin embargo, el Gobierno ha establecido recursos por $ 1.473 millones. Existe al momento una diferencia de $ 627 millones.
De esta manera continuaron las sesiones de la Comisión de Régimen Económico, presidida por Mireya Pazmiño (PK), ente encargado de tratar la proforma presupuestaria presentada por el Gobierno para el 2021 y que asciende a $ 32.948 millones.
Sobre el tema del IESS, Núñez explicó las razones por las cuales se presentan estas diferencias en los cálculos: las cifras difieren en el rubro del 40 % pensiones, otros rubros para riesgos del trabajo y Seguro Social Campesino. Aparte de esta diferencia, el Gobierno además no ha dispuesto asignación para prestaciones de la salud. Núñez dijo que esperan que en el transcurso del año se puedan ir solucionando las brechas. Además recordó que entre 2015 y 2018 la eliminación del 40 % de contribución a pensiones, establecida en la aprobación de la ley de justicia laboral, representó una afectación al IESS que debió cubrirse con la descapitalización de las inversiones. Así, consideró que en 2021 el IESS deberá realizar nuevos esfuerzos de desinversión para poder cumplir a tiempo con las pensiones jubilares.
Olga Núñez explicó además que la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que devolvía al IESS el aporte del 40 % de pensiones tiene una falta de claridad, y por ello, el Ministerio de Economía realiza una interpretación y no entrega el 40 % de Riesgos del Trabajo ni del Seguro Social Campesino. Adicionalmente confirmó que este año se han hecho pagos pero con relación a atrasos del 2020. De los pagos del 2021 no se ha entregado nada a la fecha.
Entre tanto, dijo Núñez, cada mes se hace la gestión de cobro ante las autoridades de Gobierno, pero también se entiende la situación fiscal que vive una caída importante de los ingresos permanentes.
Al ser consultada sobre cómo está el tema de la mora patronal, Olga Núñez explicó que se encuentra registrada una mora de $ 1.800 millones, pero dijo que estos números deben ser depurados, pues existen errores de registro sobre todo con empresas ya cerradas o pequeños emprendimientos que no han cerrado sus procesos y por ello se sigue acumulando como mora. Se trata de una mora inflada, explicó.
También estuvo presente Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, más allá del presupuesto expuso que hay un 36 % de jubilados que reciben hasta $ 400, la cual para el representante de los jubilados es una cantidad con la que no se puede vivir.
Frente a este tema, el asambleísta Diego Ordóñez (CREO) dijo que el IESS vive momentos complejos que tienen que ver desde la estructura del sistema de reparto. Explicó que si el Gobierno debe entregar el 40 % es porque los trabajadores solo aportan un 60 % y reciben el 100 % en su jubilación; adicionalmente se ha ampliado la cobertura de salud para hijos de los afiliados sin aportes del afiliado. Esto, dijo, ninguna empresa podría soportarlo. También reflexionó en que el 40 % es recesivo, pues solo le llega a la ciudadanía afiliada y en mayor cantidad a los que más ingresos tienen. A todo esto se le debe sumar cómo han afectado a la seguridad social la pandemia y la salida de trabajadores, que son aportantes del sistema. En este sentido hizo votos para que se pueda dialogar con sensatez sobre posibles salidas.
Sobre el tema de la mora patronal, dijo que se debería entregar esa cartera a un ente que gestione por un incentivo dichos cobros.
Por su parte, el asambleísta Pabel Muñoz (RC) coincidió con Ordóñez en que se requiere una discusión sobre estos temas. Explicó que a su parecer en el Ecuador no hay un modelo de seguridad social, pues la ley que tenemos “es una colcha de retazos”. También planteó que el Ejecutivo escuche a los jubilados.
Entre tanto, Cecilia Paredes, representante de los maestros jubilados, expuso desde otro ángulo los problemas de quienes aún no han recibido los pagos del incentivo jubilar. Explicó que al momento hay 15.698 a los que falta por pagar y que, si bien se han cancelado importantes cantidades en años pasados, esta cantidad seguirá incrementándose, pues cada año se jubilan unos 2.600 profesores adicionales.
Sostuvo también que existen 112 profesores jubilados que ya tienen más de 70 años, pero que no han recibido su incentivo porque en primera instancia les iban a pagar en bonos. Al momento, el Estado arrastra una deuda desde gobiernos anteriores, en cuanto a incentivos, que llega a los $ 883 millones. Paredes dijo que en los próximos días los maestros jubilados han programado un plantón. Reconoció que es un problema de salud salir a manifestar en la pandemia; sin embargo, aseguró que sus compañeros le han dicho que “es preferible morir de pie que pedir un derecho de rodillas”.