En Asamblea empezó análisis de ley energética con recuento de medidas por apagones: con Colombia se mantienen conversaciones para retomar la compra de energía
Inés Manzano, ministra de Energía encargada, no asistió. Asambleístas cuestionaron la falta de claridad de los incentivos propuestos.
La ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, no compareció a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que la mañana de este lunes, 14 de octubre, comenzó el tratamiento del proyecto de ley urgente en materia económica impulsado por el Gobierno para, entre otras cosas, aumentar la capacidad de generación energética de proyectos privados de 10 MW a 100 MW.
Manzano, quien lleva menos de una semana como encargada de la cartera de Energía, delegó a Byron Benalcázar, subsecretario de Generación y Transmisión de Energía, para ser el vocero del ministerio ante la mesa legislativa.
La iniciativa legal fue enviada el pasado 28 de septiembre por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. El documento plantea reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, que también fue modificada en la Ley No Más Apagones, promovida por el actual régimen y aprobada por la mayoría de la Asamblea. En la Ley No Más Apagones, que el Ejecutivo no vetó y envió de inmediato a su publicación en el Registro Oficial, se estableció el techo de 10 MW.
El nuevo proyecto se denomina Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables. Por un lado, plantea que el sector privado podrá desarrollar, a su riesgo y mediante autorización previa y expresa del Ministerio de Energía y Minas, proyectos que no superen los 100 MW y que estén contemplados en el Plan Maestro de Electricidad (PME) para ser concesionados a empresas privadas o de economía popular y solidaria.
La segunda propuesta es que el Estado otorgue incentivos específicos para los proyectos de inversión privada en generación eléctrica con fuentes de energía renovable no convencional (ERNC), cuyo factor sea considerable, mediante dictamen previo del ente rector de las finanzas públicas. Sin embargo, en el texto no se detallan qué tipo de incentivos se entregarán.
Por último, se pretende incluir en la norma acuerdos de compra de energía a largo plazo con empresas privadas dedicadas a la generación de energía. El proyecto de ley señala que estas transacciones deberán cumplir disposiciones constitucionales, la normativa que regula el funcionamiento de las entidades y promover la competencia mediante licitaciones públicas.
El subsecretario del Ministerio de Energía, en su exposición a la comisión, hizo un recuento de la situación energética del país. Señaló que los gobiernos de los últimos siete años no ejecutaron los lineamientos y directrices del Plan Maestro de Electricidad, lo que se resume en un incumplimiento de 1.298 MW de generación energía.
Habló del incremento de la demanda de energía. Aseguró que el gobierno de Noboa, en diez meses de gestión, registra 410 MW de potencia instalada (de los cuales 160 MW están operativos y los demás están por ingresar), lo que sería superior a lo implementado en el mismo periodo por gobiernos anteriores. También informó de los procesos de recuperación, compra y alquiler de energía que se han ejecutado y que se incorporarán en los próximos meses, hasta marzo de 2025. Mostró datos de un portafolio de proyectos identificados por el Ministerio de Energía que suman 5.841 megavatios y mencionó que se mantienen conversaciones con Colombia para retomar la importación de energía de manera constante.
En cuanto al proyecto de ley, Byron Benalcázar manifestó que actualmente la norma resulta “ambigua” en cuanto a la definición “interés público” que debe dar el Ministerio de Energía para que el sector privado desarrolle proyectos de generación de más de 10 MW que no estén previstos dentro del Plan Maestro de Electricidad.
Por otro lado, el subsecretario explicó que si el proyecto está en el PME, el inversionista privado debe participar en procesos públicos de selección (PPS) que sean convocados por el ministerio. Pero todo el trámite de los PPS puede resultar muy demorado, los proyectos pueden ingresar en operación luego de entre 33 y 107 meses (de tres a nueve años). Esa realidad, dijo Benalcázar, ha sido el obstáculo para que proyectos que han sido adjudicados desde 2021 hasta el momento no han podido comenzar su construcción.
El funcionario no ahondó en los incentivos ni en los acuerdos de compra de energía que se proponen en el proyecto de ley. Esto fue reprochado por el asambleísta del correísmo Blasco Luna, quien pidió precisión y claridad sobre qué tipo de incentivos se otorgarán y cómo se aplicarán los acuerdos de energía.
Además, el asambleísta expresó que no es cierto que la Ley No Más Apagones limite al sector privado y criticó que, con ese proyecto de ley, el Gobierno también había prometido atraer inversión.
Al respecto, Benalcázar contestó, de manera general, que se deben analizar las tarifas preferentes para atraer a la inversión privada y que la ley busca dar incentivos para el mediano plazo, porque, aunque la iniciativa legal se apruebe y entre en vigencia desde noviembre de este año, las intenciones de inversión privada no llegarán de inmediato.
Durante la comparecencia, el asambleísta socialcristiano Jorge Acaiturri cuestionó que se diga que el gobierno de Daniel Noboa ha logrado instalar 410 MW, cuando según los datos oficiales expuestos por el subsecretario la potencia instalada no llega ni a 200 megavatios, lo que realmente se ha incorporado hasta el momento.
Acaiturri sugirió que hay que cambiar el costo de la tarifa eléctrica que paga la industria a gran escala en el país para motivar a que inviertan en la generación. Insistió en que se debe dar mayor cabida a la participación de la inversión privada en el sector energético.
Por su parte, la asambleísta gobiernista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió al régimen y recalcó que el país enfrenta la peor sequía en décadas. Enfatizó que el objetivo del proyecto de ley es desarrollar un marco normativo que busque o fomente la inversión privada y dar seguridad jurídica para que los proyectos sean competitivos y sostenibles con el medioambiente. También comentó que “vale la pena fiscalizar” cuál ha sido la inversión pública en el sector, debido a que hubo un incumplimiento del PME.
Centeno informó que la comisión volverá a convocar a la ministra Inés Manzano. Para la elaboración del informe para el primer debate del proyecto de ley, la mesa legislativa escuchará a expertos de la academia, actores del sector privado y personas involucradas en el área energética en Colombia y Perú. (I)
