En tres programas se concentrará el presupuesto del Ministerio de Salud: prevención y promoción, provisión y prestación de servicios y vigilancia y control. Para este 2019 contarán con USD 3 104,8 millones.
Si se compara este rubro con la Pro
forma aprobada del 2018 hay una reducción de USD 431,2 millones. Sin
embargo, el Ministerio de Salud hace otros cálculos y concluye que no hay una
reducción, por el contrario, existe un aumento del 4%”.
¿Qué significa esto? Salud explica que el presupuesto de este año es mayor en
USD 61,2 millones respecto al codificado hasta septiembre del año pasado. Este
último se actualiza cada mes en función de la disponibilidad de recursos de Finanzas,
que tiene la facultad de ajustar hasta un 15% el monto asignado originalmente,
que fue de USD 3 536 millones. Hasta septiembre se había reducido casi en 500
millones.
Según el Ministerio, el mayor desafío que tienen para
este 2019 es mantener en iguales o mejores condiciones la oferta actual de
servicios de salud.
Pero admiten que trabajarán en la línea gubernamental de optimización y austeridad.
En total cuentan con una planta de 87 491 trabajadores. El 80% es personal de
salud. No dieron detalles sobre un recorte.
Lo que sí se conoce es la distribución de lo asignado por el Ministerio de
Finanzas. Un 84% -USD 2 609,6 millones- corresponde al gasto permanente. El
objetivo: garantizar la prestación de servicios en los distintos niveles de
atención, destacando la atención a pacientes prioritarios y con enfermedades
catastróficas.
Y se financiarán proyectos de inversión para atención integral a personas con
discapacidad, necesidades de rehabilitación y cuidados especiales, desnutrición
cero, dotación de equipamiento hospitalario moderno en establecimientos de
segundo nivel y prevención del embarazo en niñas y adolescentes y control del
VIH.
Además se enfocarán en la creación e implementación de servicios de la
red de salud mental comunitaria y centros estatales de recuperación de
adicciones. Este año aumentó el monto destinado para el Programa de Salud
Mental, que incluye esquemas de atención a personas con consumo
problemático de drogas.
Hasta el año pasado recibía USD 600 000; ahora pasó a USD 6 millones, tras el
incendio de un centro clandestino de tratamiento de adicción a las drogas, en Guayaquil.
En el lugar murieron 18 jóvenes pacientes. En esta semana, la ministra Verónica
Espinosa anunció además la construcción de un complejo de atención integral
para usuarios con consumo de estupefacientes, en el Puerto Principal.
La obra total demandará entre USD 14 millones y 15 millones. Por ahora, el
Gobierno ha asignado USD 4 millones para los estudios y diseños. “También hemos
recibido por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) la
intención de ayudarnos, al ser considerado un proyecto prioritario”.
En el rubro de medicamentos y dispositivos médicos hay un incremento del 5% en
relación al 2018, según la Cartera.
El presupuesto disponible para el presente año alcanza los USD 458,8 millones,
que permitirá financiar la compra de medicamentos para tratar todas las
enfermedades, entre ellas el cáncer.
Pese a ello, a Wilson Merino, coordinador Nacional del Acuerdo Contra el
Cáncer, le preocupa la asignación de recursos destinados a temas como la
prevención de enfermedades. “Aún no tenemos respuestas de cómo se destinarán
estos recursos”.
Una de sus propuestas es usar con eficiencia los montos asignados y barajar
nuevas formas de financiamiento como la aplicación de impuestos a productos
nocivos para la salud. “Somos partidarios de que se graven más impuestos a las
bebidas azucaradas o tabacos”.
La Disposición
Transitoria Vigésima Segunda de la Constitución de la República señala que el presupuesto debe destinar al
Sistema Nacional de Salud un incremento anual no inferior al 0,5% del PIB hasta
alcanzar al menos el 4%. La Defensoría del Pueblo hace esta
puntualización en un informe sobre el presupuesto 2019. “La asignación para
salud es del 2,78% del Producto Interno Bruto (PIB)” por lo que, pese al leve
incremento en algunos sectores, aún es insuficiente.
“El concepto de realización progresiva hasta el máximo de los recursos
disponibles no puede ser justificación para postergar y limitar la acciones
para garantizar los derechos hasta superar épocas de crisis”, dijo Gina
Benavides, defensora del Pueblo.