La cantidad de empleados públicos creció durante el 2018, pese a que en abril del año pasado, el gobierno de Lenín Moreno se fijó como meta optimizar el tamaño del Estado.
Entre enero y diciembre del 2018 se
registraron 17 822 nuevas contrataciones en el sector público, según
el número de nuevas afiliaciones registradas en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Solo en la Función Ejecutiva, que comprende entidades como los ministerios,
la nómina creció 3%, según datos del Ministerio de Trabajo.
La modalidad que más se incrementó fue la de contratos por servicios
ocasionales. Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la
Política Laboral, explica que este tipo de modalidad dura 12 meses, aunque se
puede renovar por un año más.
El año pasado cerró con 16 785 contratos por servicios ocasionales más
en comparación con el mismo mes del 2017.
Esto, a pesar de que en junio del año pasado, el exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, prohibió la incorporación
de personal bajo esta modalidad hasta el cierre del 2019, “salvo excepción
debidamente justificada”.
Andrés Madero, ministro de Trabajo encargado, dijo que los contratos
ocasionales que crecieron durante el 2018 fueron para atender proyectos de
inversión “que están financiados y tienen una actividad emergente”.
El funcionario precisó, además, que los incrementos son principalmente
en los ministerios de Salud, de Educación, Inclusión Económica y Social y la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Madero manifestó que en este año se reducirán en la medida que los plazos de
los contratos firmados con antelación vayan venciendo.
El Ministerio de Finanzas se planteó la meta de reducir el gasto en salarios
en USD 205 millones en este año.
En agosto pasado, Iván entró a trabajar como docente de un instituto
tecnológico público con contrato ocasional, que termina en abril de este
año. “La mayoría de profesores estamos contratados bajo esta modalidad”,
indicó.
Recalde explicó que quienes laboran bajo este régimen tienen menos
beneficios y menor estabilidad que aquellos que trabajan con nombramiento,
lo que refleja que cada vez hay mayor precarización en el sector
público. Por ejemplo, estos servidores no gozan de licencias con
o sin remuneración para realizar estudios.
El 2 de enero de este año, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo sobre
la norma técnica para la optimización de gastos en este segmento del
sector público.
En el documento se establece la prórroga, hasta la creación de un
puesto. El anuncio aplica en tres circunstancias.
La primera es para los servidores que al 13 de septiembre del 2017,
cuando entró en vigencia la Ley Reformatoria a la La Ley Orgánica de
Servicio Público (Losep), superaron los 12 meses de trabajo bajo esta
modalidad.
En segundo lugar, quienes suscribieron estos contratos en el 2017,
superaron los 12 meses de labores hasta julio del 2018 y cuya necesidad sea
permanente.
Finalmente, los trabajadores que laboraron ininterrumpidamente bajo contratos
ocasionales por cuatro años o más, en la misma institución hasta el 19 de
mayo del 2017.
Entre los funcionarios hay incertidumbre sobre su futuro laboral. Nelson
labora con contrato ocasional en una dependencia del Ministerio de Salud, desde
diciembre del 2017. En enero del año pasado, le renovaron su contrato,
pero este año aún no ha firmado un nuevo contrato para garantizar su continuidad.
El ingreso que recibe es fundamental para el sustento de su familia,
ya que tiene que cubrir los gastos de educación de su hija de tres años.
Hasta el viernes de la semana pasada nadie le había dicho si continuará o no en
su puesto. Él presume que le prorrogaron, aunque sus jefes no le han
dicho nada al respecto.
El funcionario tampoco sabe cuánto recibirá de salario desde este mes,
ya que el Gobierno anunció en diciembre pasado la reducción de dos escalas
salariales para nuevas contrataciones ocasionales, pero no hay un documento
oficial.
Sin embargo, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores
Públicos, indicó que en algunas entidades se ha procedido a hacer
renovaciones de los contratos, “todas con una remuneración menor de la
original”, dijo.
En la modalidad de Código de Trabajo sí se evidenciaron
recortes. Entre diciembre del 2017 y el mismo mes del 2018 hay 2 328 personas
menos en esta modalidad.
Aquí laboran aquellas personas de áreas en las que predomina el trabajo
físico sobre lo intelectual, explicó Recalde.
En este grupo están por ejemplo los choferes, asistentes de actividades
operativas, personal de aseo, auxiliares de enfermería, entre otros.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo,
también disminuyó el número de servidores públicos que se encontraban laborando
bajo la figura de nombramientos.
Para José Fuentes, experto en políticas públicas y docente en la Universidad de
las Américas (UDLA), las cifras reflejan que el Estado ha preferido contratar a
aquel personal que representa menor costo laboral en caso de tener que
desvincularlo. “La mayoría de la burocracia debería estar con
nombramientos. La estabilidad permite que adquieran habilidades, se
profesionalicen y hagan carrera administrativa”, dice.