El país volverá a recibir desde esta semana ayuda económica del Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de 16 años. Los recursos se entregarán durante tres años, con desembolsos que dependerán del cumplimiento de objetivos por parte del país.
El país espera un primer desembolso por USD 652 millones, como parte de esos acuerdos. La cifra corresponde al 15,5 % de los USD 4 200 millones que aprobó el FMI el lunes 11 de marzo de 2019.
En un comunicado, la directora del FMI, Christine Lagarde, mencionó algunos puntos claves del acuerdo: moderación y reequilibrio de la masa salarial en el sector público, facilidades para la contratación, eficiencia en el sector energético, optimización de subsidios y una reforma fiscal.
Son temas que también se incluyeron en la carta de intención firmada en el 2003.
Daniel Baquero, investigador de Cordes, explica que es recurrente que el Fondo establezca estas condiciones a los países para que alcancen equilibrios en sus finanzas; sin embargo, añade que hay problemas que se han agudizado.
En el 2003, dice Baquero, la competitividad y la productividad no eran un problema como ahora lo es para empresarios y exportadores.
Para Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, el programa que se firmó este año deberá plantear metas que corrijan de manera estructural esos problemas, y no metas de contigencia, como las que se plantearon en el 2003, cuando se firmó un acuerdo de más corto plazo, llamado Stand-by.
Una de las reformas legales planteadas hace 16 años fue para homologar los salarios en todo el sector público, introducir el trabajo por horas y reducir los costos de contratación de trabajadores en el sector privado. Esto no se concretó en el Legislativo.
“En el 2003, el problema no era que los salarios fueran demasiado altos, sino que los procesos de contratación y desvinculación eran engorrosos. Esto sigue siendo un problema hasta hoy”, dice el director de Análisis Semanal.
Mauricio Pozo, exministro de Finanzas que firmó el acuerdo de esa época, cree que algunos de los problemas del país son los mismos, pero señala que las magnitudes de dese¬quilibrios ahora son mayores.
El tamaño del Estado era del 21% del PIB, hoy es de casi el 40%, señala Pozo.
El exministro asumió una economía que había adoptado la dolarización dos años antes.
Recuerda que recibió un Ministerio con una liquidez de caja de apenas USD 7 millones y atrasos con los gobiernos seccionales, proveedores del Estado, militares, profesores y médicos.
Los grandes objetivos del plan con el FMI en ese entonces fueron lograr un equilibrio fiscal y bajar la dependencia de los ingresos petroleros, de manera que en 20 años ya no dependa de esos recursos.
Ese año, el país se comprometió con el Fondo a ahorrar los excedentes petroleros.
El año pasado, con la entrada en vigencia de la Ley de Fomento Productivo, el Gobierno volvió a establecer la creación de un fondo para ahorrar los excedentes que resulten de la explotación de recursos no renovables en el país.
En el 2003, además, se congeló el incremento de las pensiones jubilares, los salarios del sector público por tres años y, un mes antes -como medida previa- se incrementó el costo de la gasolina en un 21%.
Ingreso a la OCDE
El pasado lunes 12 de marzo de 2019, en París, el Ministro de Finanzas presentó el documento de sustento, que es el último paso del proceso de adhesión para ser miembro del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la cita, el ministro Richard Martínez informó que el Gobierno buscará la adhesión a otros instrumentos de la OCDE relacionados con temas antisoborno e inversiones internacionales.
Esto no constituye el ingreso como miembro a la OCDE, un selecto grupo de 37 países desarrollados al que solo pertenecen tres países de la región.
El Gobierno se propuso el año pasado ser miembro de la OCDE como una estrategia para atraer inversión y, desde noviembre, una comisión lleva a cabo este proceso, que puede tardar hasta cinco años, como en el caso de Colombia.