El Acuerdo Nacional por la Seguridad Social se lanzó oficialmente el pasado martes 11 de junio de 2019, con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero con algunos temas pendientes aún por definir.
Las autoridades dieron ayer detalles generales de cómo operará el diálogo. Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), explicó que se buscará llegar a acuerdos que permitirán mirar a la seguridad social en el largo plazo.
La metodología incluye cuatro etapas, señaló Pablo Casalí, especialista principal en Seguridad Social y Desarrollo Económico de la oficina de la OIT para los países andinos.
La primera es de difusión de los objetivos y el diagnóstico. En esta fase se hará una encuesta entre beneficiarios del sistema para recabar información sobre la situación actual.
La segunda fase es discutir y validar el diagnóstico con entidades sociales relevantes vinculadas a la seguridad social.
El tercer paso es el diálogo tripartito (Gobierno, trabajadores y empleadores) para identificar las soluciones a las problemáticas y buscar los consensos. Finalmente, está la fase de formalización de acuerdos y registro de los disensos a fin de fijar una hoja de ruta para cada uno de ellos.
La OIT tendrá un rol de facilitador. Casalí destacó que esta no es la única asistencia técnica del organismo. Desde finales del año pasado, la entidad internacional asesora al IESS en temas como el fortalecimiento del diálogo social, en temas actuariales, del talento humano, la ampliación de cobertura y cobranza.
Los tiempos de duración de la mesa no se precisaron ayer.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner puntualizó que el Acuerdo Nacional debe permitir consensos para encaminar reformas que blinden a la entidad de intereses políticos.
La Dirección Actuarial de la entidad cuenta con un texto preliminar, que señala que el fondo de pensiones tiene un déficit de USD 24 658 millones. Para el exvocal en el Consejo Directivo del IESS, Mauricio Pozo, era necesario contar con estos estudios para diseñar una propuesta y, con base en ella, buscar apoyos en los diferentes sectores previo al Acuerdo Nacional.
Pozo cree que hay tres grandes problemas que deben resolverse de forma urgente. El primero es el déficit actuarial, para que los fondos de ahorro de la entidad alcancen para pagar las pensiones futuras. El segundo es un problema financiero, ya que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos actuales; y, tercero, son las trabas administrativas.
El desafío de las autoridades es, según Pozo, diseñar una propuesta que atienda esos temas; caso contrario, el diálogo corre el riesgo de diluirse.
Una iniciativa ciudadana que reúne a catedráticos y expertos en seguridad social tiene una postura similar. Se trata de la llamada mesa de seguridad social, que se formó hace tres años para discutir los temas relacionados con el sector.
El grupo presentó una propuesta el 13 de mayo pasado. En el documento se plantea crear un equipo de alto nivel que haga un diagnóstico de la institución y presente una propuesta de reforma legal, que sea discutida y consensuada en el marco del Acuerdo Nacional.
25 organizaciones de la sociedad se adhirieron a la propuesta como la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.
Jorge Madero, coordinador de la mesa, dijo que están dispuestos a participar en el diálogo convocado por el Gobierno. Considera que la seguridad social necesita una nueva arquitectura, ya que el actual modelo no es viable ni sostenible en el tiempo.
Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados, anunció que participarán en el diálogo. Anticipó que uno de los temas claves en el proceso será clarificar la deuda que mantiene el Estado con el IESS. El sector se pronunció preocupado porque el diálogo arrancó sin que se haya nombrado aún al vocal de los afiliados al Consejo del IESS. Aunque el ente es tripartito, solo cuenta con los vocales del Ejecutivo y de los empleadores.
Los afiliados no tienen vocal desde hace un año y un mes, luego de que Luis Clavijo fuera destituido por la Contraloría.