Los diálogos entre el Ecuador y el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan esta semana con miras a concretar un compromiso de financiamiento. Si el acuerdo llega a materializarse, el país firmaría el acuerdo económico número 19 con el ente.
Este martes 19 y el próximo miércoles 20 de febrero de 2019, la misión del organismo mantendrá reuniones con los representantes de las cámaras de industrias y de comercio de Quito y de Guayaquil. Además, está previsto que el equipo del Fondo, liderado por Anna Ivanova, se reúna con analistas económicos.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó la semana pasada que el Gobierno busca un crédito conocido como Servicio Ampliado del FMI (SAF). Si este se concreta sería la primera vez que el país accede a este tipo de ayuda.
El SAF requiere de la aplicación de un programa con medidas económicas de largo plazo, donde los desembolsos pueden extenderse por un período de hasta cuatro años y el reembolso, de hasta 10 años.
La primera vez que Ecuador recurrió al Fondo por una ayuda financiera fue en 1957, pero fue en 1961 cuando empezó a firmar acuerdos de Derechos de Giro, también llamados Stand-By. Desde entonces ha firmado 18.
Estos compromisos se caracterizan porque exigen la aplicación de un programa económico, pero en períodos de implementación de máximo 24 meses.
En la revista Koyuntura, del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Nicholas Gachet y Daniel Baquero señalan que hasta el 2017 Ecuador fue el tercer país, de 10 en América Latina, que más ha acudido a créditos Stand-By, detrás de Uruguay y Argentina.
El proceso que Ecuador debe seguir para recibir recursos del ente tiene tres etapas: la preparación y presentación de la carta de intención, la firma de un memorando de entendimiento en el que el FMI y el país declaran estar de acuerdo, y, finalmente, la concreción del crédito, dice María Laura Patiño, consultora y académica en finanzas internacionales.
“Es difícil saber cuánto tiempo tardarán en llegar a la etapa final. Los diálogos que se están dando ahora son para preacordar los términos que se incluirán en la carta de intención”, añade Patiño.
Una carta de intención es un documento en el que el país propone metas económicas a cumplir, como compromisos para obtener y mantener el financiamiento del FMI, explica José Emilio Vásconez, docente de la Universidad Internacional (UIDE).
En seis décadas de acuerdos, la mayoría de las veces Ecuador no cumplió con las metas que fijó en las cartas de intención, por ende, no recibía los montos fijados en los períodos establecidos, añade Vásconez.
En el último acuerdo con el organismo, en el 2003, Mauricio Pozo, quien fue ministro de Finanzas en ese año, explica que el proceso se dio en casi tres meses. Añade que el país no recibió todos los recursos esperados debido a que no se cumplieron metas relacionadas a cambios normativos en lo laboral, que no fueron aprobados por el Congreso.
De los 18 créditos de Ecuador con el Fondo, la mitad fueron entre 1983 y el 2003.
El historiador Juan Paz y Miño explica que los ochenta y los noventa fueron décadas donde los países de América Latina, afectados por la crisis de la deuda externa y la caída de los precios de las materias primas, buscaron préstamos atados a programas con reformas de corto plazo del Fondo.
Según Paz y Miño, en esa época la deuda externa del Ecuador creció de manera descontrolada, prolongando de manera artificial el ‘boom’ petrolero. A esto se sumó la reducción de la producción de crudo y factores externos. “A pesar del boom, la deuda creció tanto que se volvió impagable. En el gobierno de Mahuad llegó al 120% del PIB y en promedio en las dos décadas estuvo sobre el 60%”.