El incremento del presupuesto para los sectores de salud y educación para este año, que el Ministerio de Finanzas presentó en la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2021 y la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024, es de alrededor de $ 519 millones, lo que corresponde al 0,5 % del producto interno bruto (PIB) para cada sector.
Así lo informó este lunes el ministro de Finanzas, Simón Cueva, durante su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional.
Esto se ajustaría a las transitorias 18 y 21 presentes en la Constitución de la República, que establecen incrementos del 4 % y el 6 % en los presupuestos de salud y educación, respectivamente.
El funcionario acudió a la Comisión para explicar detalles de la proforma entregada el pasado 22 de agosto a la Asamblea Nacional, que según el procedimiento legislativo, tiene un plazo de 30 días para aprobarla en un solo debate. La proforma asciende a $ 32.948,64 millones y según el Ejecutivo, contempla la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), que representa una disminución de $ 2.549,78 millones (2,45 % del PIB) si se compara con el presupuesto inicial de 2020.
Cueva fue consultado por varios temas por los asambleístas, por ejemplo, sobre la estabilidad laboral de personal médico de primera línea que se establece en la Ley Humanitaria.
El ministro Cueva reveló que ese tema se coordina con el Ministerio de Salud Pública (MSP), para asegurar que los casos cumplan con las normas y las reglas. “Lo estamos haciendo conforme van llegando”. “Se han incluido todos los valores que están previstos… depende del MSP, porque hay que ver si estuvieron en la primera línea”, sostuvo Cueva, quien reconoció que ha habido un incremento de gastos de transferencias ligado a este asunto.
Otro sector que fue analizado fue el social. Cueva reveló que ha habido un incremento de los beneficiarios de los bonos sociales, que asciende a 445.000 familias más.
“Estamos llegando a medio millón de familias”, expresó el funcionario, quien justificó este crecimiento de ayudas sociales por la escalada de los parámetros de pobreza generados por la pandemia.
Según cifras oficiales, el 2020 cerró con 670.779 personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano (que otorga $ 50 mensuales), con un monto de inversión de más de $ 273 millones, lo que representa un incremento de 251.208 beneficiarios solo en el año de la pandemia. Eso representa el 37 % más respecto del 2019.
En este mismo periodo, 81.590 núcleos familiares se beneficiaron con el Bono de Desarrollo Humano con componente variable, que puede llegar a $ 150 por beneficiario. Con corte a mayo de 2021, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dijo que entre el bono normal y el variable, en el país existen 926.805 beneficiarios.
En la misma área social se abordó el tema de la deuda de los incentivos jubilares a extrabajadores públicos. Cueva aseguró que se trata de “un tema heredado, que viene de tiempo atrás, entiendo que una ley del 2016 donde está el incentivo jubilar para trabajadores del sector público y viene arrastrando estos valores”.
Según el funcionario, se trataría de cerca de $ 900 millones que en gran parte corresponden al sector de educación, aunque también existen otros.
“Se está procesando y seguiremos procesando, pero es imposible pensar que de golpe uno pueda ponerse al día en todo”, advirtió el ministro.
Al respecto, el asambleísta Diego Ordóñez puntualizó que no se deben las pensiones jubilares de estos extrabajadores, sino que son compensaciones, un pago adicional para que accedan a jubilarse, lo que fue criticado por el legislador, quien calificó la deuda como “derechos impagables”, pues ascenderían a $ 50.000 por cada trabajador.
Ante el comentario, Cueva aclaró que el incentivo es de hasta $ 50.000, pero aprovechó para aclarar: “Efectivamente no es la pensión jubilar, entonces no es cierto que si no se les ha pagado estas compensaciones no tienen recursos mes a mes para vivir, porque sí se les están pagando sus jubilaciones”, sostuvo el ministro, quien también señaló que la proforma incluye el valor para este año correspondiente al aporte del 40 % para las pensiones jubilares de los afiliados al IESS.
Sin embargo, reiteró que “hay una serie de temas también heredados” y aseguró que se trabaja de cerca con el IESS, con una comisión técnica, para verificar y obtener los valores más certeros posibles, para determinar un diagnóstico y soluciones a mediano plazo.
El subsidio de combustibles, que este año asciende a $ 1.900 millones, fue otro tema analizado en la Comisión, cuyos miembros pidieron explicaciones a Cueva del porqué el valor es similar al del 2020.
Según la proforma presentada, los $ 1.900 millones por subsidios de combustibles se reparten en $ 320,2 millones a gasolinas, $ 721 millones a diésel, $ 813 millones a gas licuado de petróleo (GLP) o gas doméstico y $ 45 millones a otros combustibles. En el presupuesto del 2020 se habían destinado $ 1.956,7 millones.
Cueva explicó que la similitud con la cifra del año pasado se debe a dos razones: que la importación de derivados se hace a precios internacionales y la venta interna a precios nacionales lo que genera un subsidio importante; y que del año pasado al presente ha habido un incremento de los precios del petróleo y de los combustibles.
“Si no hubiese habido el sistema de bandas, el subsidio hubiese subido mucho más. Ha habido un ahorro de alrededor de $ 1.200 millones”, sostuvo el funcionario.