La contribución que deberá hacer un sector calificado como “pudiente” de la población ecuatoriana, como parte de la reforma tributaria y otras reformas económicas que enviará el Gobierno a finales de mes, se basaría en los ingresos per cápita de la población. De momento todo apunta a que la base de los ciudadanos que se han tomado en cuenta es la de aquellos que tienen un ingreso per cápita de más de $ 1.000 mensuales.
El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, explicó ayer en una rueda de prensa, en la cual habló del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Ecuador es un país desigual y en el cual la pandemia afectó con mayor dureza a los deciles menos favorecidos.
Explicó que en la última encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) se establece que, en 2020, el 60 % de la población gana menos de $ 300 per cápita al mes; asimismo, el 88 % gana menos de $ 500, y cerca del 96 % gana menos de $ 1.000. Esto significa que el 4 % gana más de $ 1.000. Adicionalmente se puede ver, comparando los años 2019 y 2020, que los deciles más bajos de la población fueron los que más sufrieron la baja de sus ingresos, mientras que al 4 % de esa población no le habría afectado tanto.
En este sentido, el ministro dijo que se está aún afinando una estrategia que fortalecerá los ingresos fiscales “enfocándonos únicamente en los sectores menos afectados por la pandemia”.
El ministro evitó dar detalles de la reforma tributaria que se presentaría a finales de mes, como parte de una ley más amplia que se denomina Creando Oportunidades y que podría incluir reforma laboral puntual y otros temas de inversión. Se buscará eficiencia en el cobro de impuestos a fin de que todos paguen lo que deben pagar; revisar las exenciones, es decir, tratar de que el gasto tributario no sea tan alto; no se topará el IVA y se fortalecerá el ingreso tributario asegurándose de no afectar a los más vulnerables.
El ministro lo describió como un esfuerzo particular a raíz de la pandemia, “en especial para los segmentos que relativamente han tenido mayores ingresos y han logrado sobrellevar la pandemia de la mejor manera”.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, también ha hablado de esta contribución extraordinaria que podrían hacer los sectores de mayores ingresos con el fin de contribuir al tema de la pandemia y la vacunación, que ha costado al país de momento unos $ 500 millones. Varios analistas consideran que esta contribución extraordinaria podría ser similar a la que debió hacer la población luego del terremoto de Manabí.
Mayores detalles sobre el tema tributario y una megaley económica que se enviaría a la Asamblea solo se conocerán a finales de septiembre.
Entre tanto, ayer el FMI dijo que, de cara al futuro, las autoridades ecuatorianas se han comprometido a seguir mejorando la administración de las finanzas públicas, aumentando la transparencia en la gestión de los recursos públicos —incluyendo el gasto por COVID y las operaciones de las empresas públicas— y avanzando en el programa de lucha contra la corrupción, lo que reforzaría la confianza en las instituciones públicas e impulsaría la actividad del sector privado. Las autoridades también tienen previsto reformar su marco de asociación público-privada, los mercados de capitales y de trabajo, y mejorar el entorno empresarial para catalizar la inversión privada nacional y atraer la inversión extranjera directa, dijo.