Cerca de las 19:30 de este jueves, el Gobierno entregó la reforma tributaria a la Asamblea Nacional. El trámite estuvo a cargo del secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. El Ejecutivo busca recaudar $ 1.800 millones en dos años con la nueva propuesta de reforma tributaria que fue presentada esta tarde noche en la Asamblea Nacional. Esta se denomina Ley para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.
La presentación del proyecto ocurrió cuando el presidente Guillermo Lasso salió del país para cumplir una agenda oficial de diez días en Europa. A través de redes sociales, el mandatario se refirió a la reforma tributaria.
“Los hemos escuchado. Un mejor proyecto de ley se construye con sus ideas y propuestas. Por eso hoy entregamos a la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19. Apoyarla es el camino para la reactivación”, publicó Lasso.
En otro mensaje, el presidente expresó que la propuesta fue pensada para apoyar a los negocios que se están recuperando, a los microemprendedores, y a las pequeñas y medianas empresas.
La nueva propuesta trae algunos cambios, en comparación con la primera propuesta, que fue entregada en septiembre pasado y que era parte de la Ley de Creación de Oportunidades, la cual no fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El primer cambio tiene relación con el monto de recaudación. En la propuesta original se esperaban recaudar hasta $ 1.500 millones en dos años. Este cambio se produce como parte de las medidas de mitigación que ha tenido que tomar el Gobierno debido a la concesión que hiciera al congelar los precios de los combustibles, lo que significa una necesidad de mayores recursos para cubrir subsidios a combustibles.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la nueva propuesta contiene una serie de cambios producto de los diálogos que se han mantenido con bancadas legislativas e incluso con sectores empresariales. Siempre guardando el principio de progresividad, es decir, que los que más tienen sean los que más paguen.
Por ejemplo, dentro de los diálogos se había sugerido que no se cargaran en mayor proporción los impuestos y contribuciones a las personas, sino a las empresas. Así, el gran cambio se genera al aplicar una contribución temporal, por dos años, a las empresas que tienen un patrimonio mayor a $ 5 millones. En la propuesta original se pensaba aplicar la contribución a empresas con patrimonios de más de un millón y que hubiesen tenido utilidades en 2020 y ventas mayores a las del 2019, y solo por un año. Sin embargo, en la nueva propuesta se sube el piso de aplicación, pero ya no es un requisito haber tenido mayores ventas.
Esta contribución deberán pagarla 1.931 empresas. De acuerdo con los datos previos del Servicio de Rentas Internas (SRI), las que provienen de los sectores de comercio, financiero, de seguros y manufacturero aportarán con el 66 % de esta contribución. Así, la recaudación estimada sube de $ 105 millones en la propuesta original a $ 467 millones en la nueva, cada año y por dos años. El grueso de estos recursos (90 %), es decir, $ 420 millones, lo pagarán unas 1.080 empresas con patrimonio de 10 millones en adelante, explicó el Ministerio.
En cuanto a la aportación de personas, deberán pagar la contribución especial solo por un año quienes tengan patrimonios individuales por un millón; o en sociedad conyugal, de dos millones. Sin embargo, habrá la posibilidad de establecer un crédito tributario equivalente al valor de la primera casa adquirida o vivienda o tierra no productiva de hasta $ 200.000. Con la nueva propuesta se baja el número de personas que aportarán: de 18.000 a 6.000. En este cambio sí existe un sacrificio fiscal en comparación con la propuesta anterior, pues se pensaban recaudar unos $ 320 millones, pero con el cambio se llegará a $ 260 millones.
Entre tanto, el impuesto a la renta con eliminación de deducciones de gastos personales, que incrementará el monto de pago de impuestos, se mantiene y afectará en forma progresiva a quienes ganan desde $ 2.007 mensuales. Lo que cambia en este tema es que se crea un décimo nivel en la tabla del pago del impuesto, que tendrá una tasa marginal de hasta 37 % y que lo pagarán quienes ganan más de $ 100.000 mensuales. En la tabla vigente, el máximo rango, que es 35 %, es para quienes ganan más de $ 61.630. Para recordar: en el actual sistema, un contribuyente que tiene $ 11.213 de renta ya paga impuesto del 5 %. El impuesto se calcula actualmente descontando del ingreso bruto hasta $ 14.576 de los gastos deducibles, aunque el promedio de deducción ha sido de $ 9.920 dólares a nivel nacional. Esto cambia ahora, pues la renta gravable se calcula desde los ingresos brutos, a esa cantidad se le aplica la fracción básica y a tasa marginal y se obtiene el impuesto causado. A este se le reducen hasta $ 500 (en el caso de quienes ganan más de $ 2.000) como crédito tributario.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, en la propuesta original se esperaban recaudar $ 434 millones, pero con el cambio, que establece un mayor pago para quienes más ganan, se podría incrementar a $ 460 millones o $ 465 millones más. El Ministerio informó que se acogió la sugerencia de que la mayor carga se la aplique a quienes ganan más de $ 5.000.
El Gobierno apuesta por que este nuevo proyecto sí sea calificado por el CAL y tenga la oportunidad de ser debatido, tanto en la mesa legislativa correspondiente como en el pleno de la Asamblea.
Cuando el secretario Jurídico de la Presidencia entregó la reforma tributaria dijo que no se espera tener contratiempos en el Legislativo.
“Seguramente habrá cosas que se puedan clarificar, mejorar, discutir. El diálogo es el norte de nuestro gobierno, es la directriz que nos ha dado el presidente Guillermo Lasso y eso lo cumplimos. Esperamos en la Asamblea el debate que una situación como esta merece. La salud de las finanzas públicas y la salud de la economía es un asunto que no tiene carga ideológica, necesariamente. Creo que es un punto de encuentro para todos”, expresó Fabián Pozo.
En ese sentido, el ministro de Finanzas Simón Cueva, a través de redes sociales, anotó que el proyecto de ley recoge las sugerencias recibidas. “Nos hemos basado en los principios de progresividad, justicia y transparencia”, puntualizó.
Eliminan IVA para pañales populares
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) para pañales sufrirá una modificación en la nueva propuesta que se presenta ante la Asamblea. En la original se eliminaba el IVA para pañales desechables, pero en la nueva este beneficio solo se aplicará a los pañales desechables considerados populares. Esto se definirá de manera precisa en un reglamento que emitirá el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Para los otros productos de higiene que quedaban si IVA, como toallas sanitarias y otros de higiene íntima, se mantiene la decisión de eliminar el IVA.
En cuanto al Impuesto a los Consumos Especiales, el Gobierno dio marcha atrás en su medida de incrementar colocar 12% de IVA para vehículos híbridos y eléctricos y para paneles solares, pues esto no era compatible con las medidas de apoyo con el medio ambiente.
Incentivos tributarios se moderan para inversiones
En la propuesta tributaria presentada ante la Asamblea se da una reducción automática de 3 puntos en el Impuesto a la Renta para nuevas inversiones por hasta 15 años. En casos especiales se puede otorgar hasta 5 puntos menos en el IR. Además se podrá reducir el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y podría darse una menor carga arancelaria, pero contando con un visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. En la ley actual se entrega 15 años de exoneración del IR.
Adicionalmente se da estabilidad jurídica a los contratos de inversión sobre normativa esencial. En la ley actual se establece que esta estabilidad jurídica está garantizada previo a un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual no tiene sentido práctico.
Regularización de activos, con incentivo
El Gobierno también plantea un proceso de regularización de activos en el exterior, para que los recursos generados legítimamente fuera de las fronteras estén al servicio del país. Se había planteado en la primera propuesta un 5% de impuesto para la regularización. Sin embargo, en la nueva propuesta se establece una suerte de tabla progresiva con la finalidad de incentivar la regularización temprana. Quienes lo hagan hasta marzo de 2022 pagaran un 3,5%, hasta junio 4,5% y quienes demoren hasta el 31 de diciembre del 2022 pagarán 5,5%.
La idea es que quienes no han reportado estos activos se animen a hacerlo, pues desde el próximo año el Ecuador que ha firmado convenios con 137 países para intercambio de información podrá de manera más eficiente identificar a quienes no hayan cumplido con esta obligación y sancionarlos.