Colombia pidió este martes al Gobierno Nacional que le venda combustible para enfrentar el desabastecimiento en zonas fronterizas generado por una protesta indígena en la vía Panamericana, que completa casi una semana y está afectando la distribución de gasolina.
El Ministerio de Minas y Energía debió recurrir a su par en Ecuador para que le suministre durante los próximos diez días 525.000 galones diarios de combustible, entre diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, según informó en un comunicado.
El gobierno colombiano de Iván Duque, que exige el fin de los bloqueos en la carretera para negociar con los manifestantes, se vio forzado a activar un dispositivo especial ante el impacto causado por la protesta indígena, que ha desatado fuertes choques con la policía antidisturbios.
“Estamos trabajando para proveer el abastecimiento de combustibles y tener todas las alternativas disponibles”, señaló el ministerio en un comunicado.
Las medidas prevén aumentar la capacidad de una línea de abastecimiento entre el puerto de Tumaco y Pasto, capital del departamento colombiano de Nariño, y emplear la fuerza pública para garantizar que el combustible llegue a los distribuidores.
Comunidades nativas del suroeste del país impiden con piedras y troncos el paso vehicular por algunos tramos de la Carretera Panamericana, para exigir el cumplimiento de acuerdos con el Estado que van desde la adjudicación de tierras hasta el fin de la violencia contra sus líderes.
También piden la implementación de compromisos derivados del acuerdo de paz de finales de 2016, que condujo al desarme de la exguerrilla FARC.
Según el movimiento indígena, la policía antidisturbios ha reprimido la protesta y causado al menos 20 heridos desde el martes.
Por su parte, el gobierno ha denunciado que grupos armados se han colado en la protesta para atacar a la fuerza pública.
Los indígenas piden un diálogo directo con el presidente Duque, quien rehúsa viajar a la zona hasta tanto no se levanten los bloqueos.
Los bloqueos y protestas en la Panamericana se han tornado frecuentes en los últimos años. Los indígenas, que representan al menos el 3,4 % de los 42 millones de colombianos, se han organizado para exigir derechos y denunciar crímenes y atropellos.