Con 86 votos a favor el pleno de la Asamblea Nacional, este 25 de enero, incluyó en la agenda de la sesión 758 el debate de una resolución que dispone al Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificar dos proyectos que plantean la derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, que define la nueva tabla de impuestos de 2022.
El planteamiento lo hizo el legislador de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Pabel Muñoz, quien dijo que se presentaron en noviembre y diciembre de 2021 dos proyectos con el fin de derogar el “paquetazo tributario del presidente Guillermo Lasso”.
Antes de dar paso a la votación de la moción del legislador Muñoz, la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, anunció que el próximo viernes 28 de enero esos dos proyectos serán tramitados por el CAL y que ese organismo actúa siempre de manera legal y respetando el principio de prelación.
Por su parte, Muñoz indicó que con la vigencia de las reformas tributarias, los sectores de clase media y las pequeñas empresas están horrorizados al hacer cálculos de lo que les tocará pagar mensualmente por concepto del impuesto a la renta en el año 2022.
Explicó que con esa ley se modificó la tarifa del impuesto a la renta, la forma de cálculo del impuesto a la renta, y se achicaron las escalas del impuesto; por lo tanto, la gente terminó en una escala más alta y paga más. Y lo más duro, añadió, eliminó las deducciones del impuesto a la renta.
Lo que corresponde, dijo el legislador de Pichincha, es trabajar desde la Asamblea Nacional en una solución y para ello es necesario tramitar los dos proyectos de ley presentados el 30 de noviembre por parte de los legisladores Bertha Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quishpe (Pachakutik), y el presentado el 7 de diciembre de 2021 por Viviana Veloz (UNES), que plantea el mismo objetivo.
No existe base legal para que esos proyectos presentados sean negados en su trámite en la legislatura, advirtió el asambleísta Pabel Muñoz.
Indicó que hay un precedente legislativo sobre derogar un decreto ley, justamente el 24 de enero de 2019, por iniciativa de los entonces asambleístas de CREO Fabricio Villamar y Homero Castanier, presentaron un proyecto de derogación del decreto-ley sobre el impuesto verde, que fue tramitado y posteriormente derogado.
El artículo 140 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificar o derogar todo proyecto de ley calificado urgente en materia económica que haya sido promulgado y publicado en el Registro Oficial, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.