Desde la AME se espera que con la aprobación de la reforma tributaria los pagos se sigan cumpliendo y la brecha se acorte.
Pese a una serie de anuncios que hizo el Ejecutivo antes del feriado de que se cumplieron varios pagos atrasados, existe malestar en algunos sectores por falta de cumplimiento.
El Gobierno informó que había realizado con retraso los pagos correspondientes a la nómina de enero. Sin embargo, de acuerdo con la ejecución presupuestaria del 2024, al 14 de febrero, hay aún atrasos con respecto a los salarios del sector público. Mientras lo devengado hasta esta fecha debía ser $ 754,5 millones; solo se han pagado $ 692,4 millones en este ámbito.
Asimismo, el Ministerio de Economía indicó el viernes pasado que sigue priorizando la reducción de los atrasos que heredó de la administración anterior. Así anunció el pago de $ 85,7 millones en varios sectores.
De estos, el mayor pago fue a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que comprende a municipios, prefecturas y juntas parroquiales con $ 55,2 millones por el Modelo de Equidad Territorial. De este monto, $ 40,7 millones se destinaron a municipios, Además $ 9,2 millones a prefecturas y $ 5,3 millones a juntas parroquiales, con las cuales el Gobierno se ha igualado a noviembre del 2023.
Sobre el tema, Homero Castanier, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), dijo que los GAD, los ministerios y entidades de Gobierno se encuentran buscando los mecanismos más adecuados para que la deuda no siga aumentando.
Explicó que actualmente solo en el rango de Modelo de Equidad Territorial se adeuda a los municipios unos $ 600 millones, y que con otros rubros la deuda llega a $ 1.000 millones. Confirmó que la semana anterior se realizó un pago de $ 40 millones a diferentes GAD del país. También hizo votos para que, tras la aprobación de las leyes urgentes, el Gobierno se pueda ir poniendo al día en esa deuda, pues la falta de pago a los GAD se traduce en la falta de pago a su vez a proveedores, sueldos, combustibles, entre otros.
Al ser consultado si hay una opción de que los GAD, por su parte, busquen optimizar los gastos, comentó que en la presidencia de Patricio Maldonado se está buscando fortalecer el tema de asistencia técnica en el tema de asesoramiento, especialmente del plan anual de inversiones.
Entre tanto, también al 14 de febrero en la ejecución presupuestaria se ve que hay $ 39,7 millones en bienes y servicios devengados, pero solo se han pagado $ 31,6 millones. En este rubro está todo lo adeudado a los proveedores del Estado. Sin embargo, esta cifra se quedaría corta porque lo adeudado sería mucho más. Los proveedores anunciaron para este jueves, 15 de febrero, un plantón en la plataforma gubernamental. Ellos alegan que les tienen esperando seis meses por los pagos. De todas maneras, el Ministerio de Economía y Finanzas había informado que se cancelaron $ 18 millones de cuentas por pagar a proveedores por venta de bienes y servicios en el año 2023.
Otro sector al que se habían entregado pagos fue el del impuesto al valor agregado (IVA) para sectores vulnerables. Según el ministerio, el pago hasta antes del feriado fue de $ 7,2 millones para devolución del IVA a personas vulnerables. Sobre el tema, María Puertas, una asesora tributaria que normalmente trabaja con personas de la tercera edad y personas con discapacidad para que se les devuelva el IVA, explicó que desde octubre del año pasado no se está cancelando el IVA para los jubilados. En enero, en cambio, sí hubo un pago para personas con discapacidad, sostuvo.
Entre los otros pagos anunciados se informó de $ 5,3 millones por compensación adicional a jubilados del sector público, amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
El ministerio ha dicho que pese a la grave situación de liquidez de la caja fiscal heredada, el Gobierno ha trabajado en diversos mecanismos de financiamiento para poder avanzar en el cumplimiento de los pagos pendientes.
Entre tanto, para este 20 de febrero máximo se espera la presentación del Presupuesto General del Estado del actual gobierno para el 2024. Actualmente, el régimen actúa con un presupuesto prorrogado, debido a que en año de posesión de nuevo gobierno se otorgan 90 días para su elaboración. (I)