De enero a julio de este año, 2 764 personas solicitaron al Ministerio de Trabajo el cálculo referencial del pago de la jubilación patronal, que es una pensión vitalicia a la que tienen derecho quienes permanecen por 25 años o más en un mismo sitio de trabajo.
La jubilación patronal es independiente de la pensión que recibe el trabajador por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una vez que ha culminado su vida laboral.
El cálculo que hace el Ministerio no es de obligatorio cumplimiento para el patrono, ya que solo es referencial. El empleador y el trabajador pueden llegar a un convenio sin la intervención del Estado, pero debe ser notarizado.
Los trabajadores que cumplieron de 20 a 25 años y hayan sido despedidos intempestivamente tienen derecho a percibir un valor proporcional de la jubilación patronal, según el Código Laboral. Los casos que no se resuelven satisfactoriamente entre las partes llegan a tratarse en la justicia. Si el beneficiario fallece, el empleador pagará a sus herederos el mismo monto durante un año.
Según Andrés Madero, titular del Ministerio de Trabajo, menos del 5% de los empleados llega a acceder al derecho de la jubilación patronal.
Este mecanismo apareció hace 81 años. Fue una norma transitoria para atender a las personas que se retiraban antes de que existiera el Seguro Social Obligatorio. Debía desaparecer conforme avanzaren los años y los empleados accedieran a la jubilación del IESS; sin embargo, eso no sucedió, explica Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral (Cespla).
El pago puede ser mensual o global, se calcula con la suma equivalente al 5% del promedio de la remuneración anual de los últimos cinco años. Eso se multiplica por los años de servicio y el resultado se divide para el coeficiente de edad establecido en el artículo 218 del Código del Trabajo. El valor final se divide para 12.
Iván Nolivos, abogado laboral, comenta que recientemente, atendió un caso en el que a un trabajador se le fijó su jubilación patronal en USD 80. Él recomienda a las empresas que cancelen el dinero de manera mensual y no global, ya que hay casos en que judicialmente se han revertido decisiones de pago de un monto general a uno mensual.
Durante los últimos años, varias veces se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de ajustar el mecanismo. El Gobierno, actualmente, analiza sustituirlo por un fondo acumulativo, sin importar cuánto tiempo el trabajador labore en un mismo lugar. En el país, el tiempo promedio que una persona permanece en un trabajo es de cinco años, según Madero.
El Cespla, que brinda asistencia a trabajadores y empleadores, señala que lo adecuado es establecer un fondo acumulado, pero aplicado a las nuevas contrataciones.
Rodrigo Ibarra, presidente ejecutivo de Actuaria Consultores, que -entre otros temas- asesora a organizaciones para los cálculos y proyecciones de pagos a los jubilados patronales, sugiere reemplazar la jubilación patronal por el Desahucio Diferido Acumulado.
El mecanismo consiste en mantener el beneficio del desahucio (correspondiente al 25% del salario por cada año trabajado), pero en lugar de entregar directamente al trabajador el monto correspondiente, se lo haría a un fideicomiso que podría ser administrado por una entidad pública, privada o mixta, que garantice eficiencia y rentabilidad.
José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), sostiene que los sindicatos están dispuestos a buscar alternativas, siempre que se respeten los derechos laborales.
Los empresarios sintonizan con la propuesta del Gobierno, ya que sostienen que esa jubilación constituye un pasivo laboral importante para los negocios que la pagan. Reconocen que algunos empleadores separan a trabajadores que están a punto de cumplir 20 años y pagan lo que corresponde por ese despido intempestivo.
Pero cuando esto ocurre se produce un problema social, ya que una persona a la que se le despide a sus 45 años de edad, por ejemplo, tiene más dificultades para reubicarse. Y la empresa pierde una importante inversión depositada en ese trabajador, reflexiona Eduardo Tosi, gerente financiero de Pasamanería, quien afirma que el sistema de jubilación que rige es perjudicial. Pasamanería paga unos USD 110 000 al año en pensiones a 156 personas. Además, cancela USD 24 200 por impuesto a la renta, dado que desde el año pasado la provisión de este rubro dejó de ser deducible, tras la aprobación de la Ley de Reactivación Económica.