El Banco Central del Ecuador (BCE) recibió de la banca cerrada que fue manejada por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) una cartera (deudas por cobrar) no vinculada de $2.562,2 millones.
De este monto, el más importante se encontraba en Filanbanco por $ 1.310 millones. Le seguía el Banco del Progreso con $ 413 millones. Estos montos son las deudas que tienen los que recibieron préstamos de los bancos, pero que no pagaron.
La AGD acaba de cumplir 20 años de creación. Una de sus labores era el cobro de la cartera tanto a deudores vinculados como a los no vinculados, conocidos como de “buena fe”.
Para los segundos se hicieron una serie de procesos, a fin de facilitar dichos pagos. Es que de la cartera recibida solo $ 740,1 millones correspondían a capital. El resto tenían que ver con intereses ($ 212 millones) y mora ($ 1.563,2 millones).
Con el paso de los años, y al son de leyes como la Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 o la Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública y Cerrada, esa cartera se ha ido reduciendo, por los convenios por reclamos, recálculos, y hasta extinción de las deudas.
Según el informe del Central sobre la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, con corte al 20 de febrero de 2018, varios de los deudores buscaron acogerse a los beneficios de dichas normas; por ejemplo, que los intereses reducirían y solo se cobraría el 5%.
Así, hubo 943 solicitudes de recálculos para un total de 3.133 operaciones que sumaban un capital inicial de $ 382,5 millones; y que con las rebajas quedaba en $ 117,1 millones. Pero al final se llegaron a hacer convenios por 732 operaciones y que arrojaban cuentas por cobrar por $ 63,1 millones. Los cobros efectivos de ello, a esa fecha, fueron de $ 15,7 millones.
En un nuevo intento se identificaron unas 4.845 deudas por reestructurarse por $ 658 millones. Pero hubo convenios de pago por $ 5,7 millones.
De acuerdo con el informe, el BCE, cumpliendo el artículo 1 de la Ley de Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, procedió a la venta y cesión de la cartera a Recycob.
El capital de esa cartera era de $ 1.036,7 millones. Según la ley, el valor de dicha cartera se debía calcular para la venta en $ 0,01, independientemente de si tuvieron o no garantías. Se estableció en $ 43,9 millones.
Wilma Salgado, exgerenta de la AGD, dice que tras 20 años se ha configurado una historia de impunidad. Advierte que mediante las últimas leyes se termina legitimando una serie de delitos y reduciendo e incluso desapareciendo las deudas.
Este Diario buscó conversar con el gerente de Recycob, Hans W. Ehmig Dillon, pero no se concretó la entrevista.