A segundo debate pasa la ley urgente del Ejecutivo para enfrentar la crisis energética en el país
La Asamblea Nacional este domingo, 20 de octubre, tramitó la propuesta del Ejecutivo en primer debate y se presentaron observaciones.
Con la aclaración de que este segundo proyecto de ley urgente sobre el tema energético no solucionará a corto plazo la crisis de energía en el país, la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables.
Los legisladores se reunieron de manera virtual este domingo, 20 de octubre, para conocer el informe del primer debate que preparó la Comisión de Desarrollo Económico y todos coincidieron en señalar que esperan que esta propuesta del Ejecutivo no se convierta en un proyecto de ley “no más apagones 2.0″, por eso pidieron ampliar los incentivos y las garantías soberanas para los nuevos proyectos de generación energética. Además plantearon que esas empresas privadas puedan trabajar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
En el debate participaron 25 asambleístas que presentaron sus observaciones y formularon comentarios respecto al trabajo de desarrollo por parte del Gobierno para enfrentar la crisis energética. Las observaciones presentadas se acogerán en la mesa.
La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo, explicó el alcance de la propuesta del Ejecutivo y señaló que existen 38 proyectos en el Ministerio de Energía y Minas que son de hasta 100 MW, que con la nueva ley tendrán un proceso expedido y simplificado que no irá más allá de seis meses para la concesión.
Destacó que el gobierno de Daniel Noboa en diez meses invirtió más de $ 350 millones en nueva generación, lo cual permite haber introducido 410 MW al Sistema Nacional Interconectado, y que también recuperó el mantenimiento de 485 MW.
Este proyecto, dijo, busca ampliar el techo de hasta 10 MW para el sector privado y que a los proyectos de 100 MW se les garantice un procedimiento abreviado. Centeno indicó que con esta normativa se abrirán las puertas para todos los proyectos de generación que superen los 100 o 500 MW, sobre todo para generar energía renovable no convencional.
En el proyecto de ley, anotó, también se incluyó un tema de seguridad jurídica para los inversionistas con el congelamiento de ciertas cláusulas de ejecución de su contrato para que ellos tengan estabilidad a corto, mediano y largo plazo en las inversiones que apuesten en Ecuador. Asimismo se mantienen los mismos incentivos que se aprobaron en la ley energética de enero pasado.
Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea y asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), intervino en la sesión para señalar que los apagones que a diario sufre el sector productivo son consecuencia del modelo de gestión energética implementado en el país desde 2017 y que no se cumplió con el plan maestro de electrificación, algo reconocido por todos los sectores políticos.
Veloz, como observación al proyecto de ley urgente, planteó que se deben incorporar a los GAD, junto con empresas privadas o de economía popular y solidaria, como posibles concesionarios para la generación, operación y mantenimiento de proyectos energéticos, y citó como ejemplo al Municipio de Quito.
Para el buen funcionamiento del sector eléctrico se debe evitar que mediante empresas vinculadas se construya algún tipo de monopolio con la capacidad de imponer sus precios a los ciudadanos, recalcó.
Camilo Salinas, coordinador de la bancada Construye, recordó que en la primera ley, denominada No Más Apagones, se advirtió al Gobierno sobre la necesidad de incluir la apertura para poder ingresar inversión privada y que esta venga a ser más competitiva, pero que no hicieron caso.
Indicó que, como bancada, proponen garantizar la apertura al sector privado para que sea más competitivo y que existan regulaciones, controles principalmente en las tarifas y precios de las diferentes empresas que vengan a invertir. Aplaudió a la comisión que se haya eliminado el tope de la producción de megavatios.
Coincidió con el legislador socialcristiano Jorge Acaiturri-Villa en que a la inversión hay que brindarle facilidades y las garantías necesarias en un tiempo determinado.
Acaiturri-Villa dijo que nadie en la Asamblea se prestará para aprobar una “ley no más apagones 2″, pero consideró que esta ley en debate es la gran oportunidad de comenzar a construir el marco jurídico necesario para que los problemas que hay ahora no sucedan en el futuro. Una ley que permita las inversiones necesarias para darle sostenibilidad al sistema energético nacional.
Destacó que, como concepto, la ley del Ejecutivo busca aumentar la inversión privada en el sistema energético ecuatoriano, donde el Estado regula el mercado, asegurando que todos los actores participen bajo leyes justas.
Aclaró que esta ley no va a liberalizar la tarifa como se dice, sino que aumentará de 10 MW a 100 MW la generación para inversionistas particulares con un procedimiento abreviado, ya que después cualquier tipo de inversión particular no tendrá ningún techo; sin embargo, como toda ley es perfectible dijo que se tendría que analizar el procedimiento abreviado.
El asambleísta por Carchi Pedro Velasco (Avanza) se pronunció a favor del proyecto que amplía la generación más allá de los 100 MW y cuestionó que se hable que con este proyecto se pretenda privatizar el tema de la energía eléctrica de la distribución y comercialización. Eso no es cierto, dijo.
Explicó que en la Constitución de la República se prohíbe tajantemente el tema de la privatización de los sectores estratégicos y en esos está el tema de la energía eléctrica. “No digamos cosas que no son. Esos conceptos se equivocan y eso marea a la ciudadanía y va a decir: ‘Claro, el sector privado va a manejar el sector eléctrico, ellos van a imponer sus tasas de comercialización, las tasas de consumo de servicio eléctrico y por lo tanto nosotros vamos a ser afectados’. Y no es eso”.
Puntualizó que el Estado no perderá soberanía energética, y que será el ente estatal el que regule y, con los organismos técnicos, defina las tasas de cobro para los diferentes sectores residenciales, además de determinar si deben aplicarse subsidios dirigidos a los sectores más pobres. (I)
