Jorge Andrade cesará sus funciones como presidente de la CFN en diciembre próximo, después de casi un año de gestión que le deja sinsabores. A este cargo llegó con las expectativas de recuperar una millonaria cartera improductiva, generada por la oferta de créditos que llegaron a entregarse de forma antitécnica en años pasados. Pero eso, admite, ha sido más complicado de lo que imaginaba.
– ¿Cuánto dinero finalmente se está logrando recuperar?
– Cuando llegué al cargo el monto de esa cartera vencida (improductiva) alcanzaba los 390 millones de dólaresy hoy estamos por los 370 millones. Es decir, apenas hemos logrado cobrar 20 millones de dólares de eso. La recuperación ha sido demasiado lenta, pese a que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible. Fortalecimos la estructura de coactivas, pusimos una Subgerencia General de Recuperación, pero seguimos sin poder cobrar porque las trabas a nivel judicial continúan. Las acciones de protección tienen parada a la CFN.Experiencia
– ¿En qué casos específicos?
– Hay un abuso de jueces que, pese a que la Corte Constitucional ya ha sentenciado en contra, creen que ellos pueden decirnos cómo tenemos que reestructurar (créditos), cómo tenemos que cobrar y qué es lo que tenemos que hacer. Allí aparecen casos puntuales como el de Sail Plaza, la mayor deudora de CFN ($ 42,1 millones según registros iniciales). La Corte de Portoviejo en una apelación ordenó que los intereses que debe la empresa se paguen a 25 años más de plazo. Apelamos eso, pero nos están dando la audiencia para el 15 de mayo de 2024. Mientras tanto esperan que se vaya el Gobierno, y no se puede cobrar, no se puede seguir coactiva, embargar, no se puede hacer absolutamente nada… Yasí hay varios casos. Como entidad también estamos enfrentando otro tipo de demandas. Hay otro juez que, hace un mes, sentenció a la CFN a pagar $ 20 millones, por daños y perjuicios, a la compañía de seguridad Dinaser, porque según ellos se les debe 200.000 dólares en intereses. ¿Quién nos pone la demanda? Un exgerente de coactiva de CFN, el mismo que años atrás contrató a la empresa, le pagó, pero ahora es abogado de ellos y está contra nosotros. Estamos apelando. Yasí, tenemos que pelear contra todo. No solo contra los jueces civiles, por coactivas, que sería lo lógico, sino contra jueces de primera instancia, contra Corte, contra todo. Se ha perdido la institucionalidad del país. Y a esto hay que sumar el tema de la Ley Humanitaria, que también nos ha trabado los cobros (porque obligaba a una reestructuración de deudas).
– ¿Y cuántos finalmente se acogieron a esta ley?
– De los $ 370 millones vencidos, $ 320 millones tienen solicitud. De eso, $ 62 millones entraron solo este mes, porque ya se venció el plazo para acogerse a este beneficio. Pero esto también ha sido un problema. Ellos se acogen a esto porque la pandemia los quebró, pero antes de la pandemia ya llevaban cinco años y más como deudores y nunca llegaron a pagar nada. Por esto también ha sido una lucha intensa tratar de cobrar.
– Son $ 370 millones, se trata de mucho dinero, pero ya en la práctica, por este faltante, ¿a cuántas empresas CFN estaría dejando de financiar?
– A 300 pymes, como mínimo. El crédito máximo que damos nosotros es de hasta $ 1 millón. Si se les da medio millón, son 600 pymes. Pero eso significa también la construcción de 20 hospitales de Pedernales. Es la mitad del programa de desnutrición infantil que requiere este país. Es educación, salud, pero el dinero sigue en manos de 200 personas.
– ¿Qué pasó con la auditoría que se dijo haría la Superintendencia de Bancos, la entidad que tiene competencia en este tema?
– Fuimos nosotros los que solicitamos la auditoría a la ‘Super’ de Bancos, pero nos respondieron que no es labor de ellos el venir y hacer auditorías. Pero nosotros seguimos insistiendo en eso. Por oficio hemos decidido hacer una auditoría de 10, 11 carpetas. Para ver cómo se autorizó y por qué se autorizaron estos créditos. Solo entre 11 clientes deben 150 millones.
– ¿Hay alguna proyección de cobro para los próximos meses?
– El Telégrafo debe $ 20 millones, pero vamos a recuperar 10 millones porque rematamos un edificio que tienen (en la av. Carlos Julio Arosemena). Pero hemos podido hacer esto porque se trata de un bien estatal.
– En su momento se aplaudió que haya sido este Gobierno el que revelara la situación real de la CFN, pero todo apunta a que esto terminará en impunidad. ¿De qué depende que eso no suceda?
No solo se puede decir impunidad, esto también es un ataque a la banca pública. Estos jueces han creído que el dinero es gratis, que como es dinero del Estado no hay que pagar, pero es dinero de la ciudadanía. A la banca privada no se le hace esto. ¿De qué depende que esto no sea un esfuerzo fallido? De la Justicia, del nuevo Gobierno que venga, de que una nueva Asamblea no dicte leyes en contra. Mientras esté aquí, seguiré luchando para tratar de cobrar. Ojalá las personas que vengan sigan con esa lucha, porque no hay plazo que no se cumpla.