El Gobierno ha mencionado en estos días medidas que podrían cubrir los recursos que genera la explotación petrolera del Yasuní -ITT si es que en la consulta popular que se realizará el 20 de agosto del 2023 se decide en las urnas dejar bajo tierra ese crudo que actualmente representa $ 1.200 millones al año.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, advirtió que el freno de producción en ese bloque llevará al debate de la sociedad sobre reducir gastos en salud, educación y seguridad o eliminar algunos subsidios para compensar ese dinero que dejaría de percibir el Estado. Mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, dijo que toda la compra de medicinas en la red pública es equivalente a lo que llega de Yasuní, y que desde el lado del ingreso se pudiera compensar subiendo el impuesto al valor agregado (IVA) en dos puntos, es decir pasarlo del 12 % al 14 %. Lo dijeron el martes pasado, en eventos distintos.
Sea por el lado de los subsidios o por el de impuestos, los efectos abarcan a toda la población. Incluso, no sería una medida o la otra, sino las dos para lograr cubrir toda la pérdida de ingresos de la explotación petrolera del ITT, indica Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, pues explica que cada punto del IVA representa unos $ 500 millones, por lo que se necesitaría un IVA del 15 % para cubrir los $ 1.200 millones anuales.
Y en el caso de los subsidios, sostiene que este año esas subvenciones en combustibles van a estar en alrededor de $ 5.000 millones y en términos generales para recuperar $ 1.200 millones habría que reducir los subsidios en al menos el 25 %, “ahora de los subsidios una gran parte son subsidios al gas de uso doméstico que no se los puede tocar, el mayor subsidio (también) está en el diésel y en las gasolinas”.
Los precios de la gasolina extra y del diésel está congelados desde octubre del 2021, solo se movieron en dos ocasiones a la baja por las protestas lideradas por el movimiento indígena en el 2022 y al momento están fijos en $ 2,40 en el caso de la extra y ecopaís y en $ 1,75 el galón de diésel.
Precisamente el tema de subsidios y su focalización fue parte de los acuerdos entre el Gobierno y grupos indígenas en las mesas de diálogo, que definieron lineamientos generales, pero no la forma de reducirlos, un debate que quedó suspendido y sin solución.
Carrera explica el contexto en el que debe verse la consulta popular sobre la explotación o no en el Yasuní y sus implicaciones que las considera muy serias. Indica que para compensar los ingresos que no recibiría el Estado se necesitan ingresos permanentes y que aun compensándolos el déficit fiscal sigue elevado y va a tener dificultades para financiarse y pagar posteriormente las amortizaciones de deuda.
Estima que el déficit este 2023 será de unos $ 5.000 millones, “digamos que el próximo año se deja de percibir $ 1.200 millones del Yasuní, entonces son menos ingresos y el déficit subiría a $ 6.200 millones, si compensamos ese déficit del Yasuní con una mayor alza del IVA, compensamos ese ingreso, pero el déficit sigue igual. Entonces, el país tiene que comprender la gravedad del tema fiscal en Ecuador y su impacto en la dolarización y que esto seguiría profundizándose con el tema del Yasuní si no se explota y no se compensan los ingresos”.
Advierte de una gran repercusión en las cuentas públicas, en el mensaje que manda el país para traer inversiones, el aumento en el riesgo país, si se profundiza más la debilidad fiscal, y hasta que se pondría en riesgo la dolarización. “No vienen inversiones, no hay trabajo, disminuye el crecimiento, hay más pobres, esa es la lectura completa”, comenta Carrera.
Y cree que es obligación no solo del Gobierno, sino de todos los sectores de la sociedad que en su conjunto comprendan a cabalidad estas implicaciones, pues es un tema del país, no del Gobierno. “Si la sociedad no entiende cómo funciona esto y cómo funcionan las cuentas públicas no puede estar consciente de los costos que implican no explotar el ITT”. (I) El Gobierno ha mencionado en estos días medidas que podrían cubrir los recursos que genera la explotación petrolera del Yasuní -ITT si es que en la consulta popular que se realizará el 20 de agosto del 2023 se decide en las urnas dejar bajo tierra ese crudo que actualmente representa $ 1.200 millones al año.