Un proyecto borrador de Ley Orgánica para la Trasformación Digital y Audiovisual fue el primer insumo que recibieron la semana anterior las bancadas dentro de la mesa de trabajo del Ejecutivo y la Asamblea Nacional creada para armar una agenda de prioridades legislativas.
Se trata de un documento de catorce páginas que crea una serie de incentivos para atraer inversiones “en la adopción de medios y tecnologías digitales, así como la producción audiovisual”.
Inicialmente se dijo que el régimen enviaría una nueva propuesta para la Ley de Inversiones que ya fue negada en marzo pasado, pero legisladores consultados indicaron que más bien les van a remitir la propuesta por partes, convirtiendo cada capítulo en una norma separada.
Este primer texto menciona que persigue tres objetivos: establecer el marco regulatorio para el fomento de la transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad, así como fortalecer el uso efectivo y eficiente de las plataformas, las tecnologías digitales, las redes y servicios digitales con el fin de atraer inversiones, impulsar la economía digital, la eficiencia y el bienestar social; promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, procesos y trabas regulatorias; y, finalmente, fomentar la adopción de tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos y gestión de trámites administrativos.
El ente rector de la transformación digital será el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; y una de sus atribuciones será elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de la Agenda Digital Integral del Ecuador, orientada a los diversos sectores del país y a todos los niveles de gobierno.
También se indica que la Administración pública se organizará bajo los principios de gobierno digital para transparentar y agilizar procesos y trámites.
En el proyecto, asimismo, se declara como “sector prioritario” a la actividad audiovisual, incluyendo el desarrollo, preproducción, producción, posproducción y distribución de contenidos audiovisuales.
Y se establece un “Régimen especial de exoneración”. “A fin de promover la transformación digital, la importación de bienes que se requieran para la producción de obras audiovisuales que consten en el listado que apruebe el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador a recomendación del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFCI, estará exenta de todo derecho arancelario, impuesto, gravamen, tasa o contribución en régimen de consumo o internación temporal. A fin de facilitar la importación, aplicará en este caso el procedimiento aplicable a los Operadores Económicos Autorizados”, se indica.
Además, se exoneran del impuesto a la salida de divisas (ISD) los siguientes pagos al exterior: la importación de equipos y bienes perecibles destinados a la producción audiovisual nacional y extranjera en el Ecuador; y el pago de salarios, honorarios, remuneraciones o viáticos a personas naturales o jurídicas que tengan residencia fiscal en el extranjero, para que presten sus servicios en la producción audiovisual nacional y extranjera en el Ecuador.
También habrá exoneración de impuesto a la renta (IR) en pagos al exterior. La iniciativa indica que “los pagos al exterior que se realicen a personas naturales o jurídicas con residencia fiscal en el extranjero, por la prestación de servicios en la producción audiovisual nacional y extranjera en Ecuador, no estarán sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta. Los beneficiarios de estos pagos deberán acreditar su residencia fiscal a través de un certificado de residencia fiscal, el cual deberá permanecer en custodia del beneficiario del servicio”.
Y se realizan reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (Ingenios), Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al Código de Comercio, a la Ley de Comercio Electrónico, Ley Notarial, Código Orgánico General de Procesos y a la Ley de Registro, relacionados con títulos valores, redes comunitarias de telecomunicaciones rurales, servicios telemáticos de notarías, citaciones judiciales electrónicas y otros.
La segunda reunión de la mesa política de diálogos estaba prevista para la tarde de este lunes 29 de agosto. Juan Fernando Flores, jefe de la Banca del Acuerdo Nacional (BAN), señaló que en la anterior reunión de la comisión técnica se acordó que cada bancada lleve entre tres y cinco puntos para armar la agenda legislativa conjunta de consenso.
“Desde el Gobierno nos mantenemos en el impulso de las inversiones, generación de empleo, salud, educación, seguridad… Y uno que es importante para nosotros es cómo será el manejo institucional de estas relaciones para que Ejecutivo y Legislativo puedan avanzar el cuestiones como los vetos de leyes, cambios del orden del día, procesos de fiscalización, y que ambas partes puedan funcionar sin puntos que se entrampen”, dijo el legislador. (I)