El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía en apoyo a reforma de política (GARP) a Ecuador por $ 400 millones para promover la reactivación económica sostenible e inclusiva a través de un programa.
Este programa contribuirá a fortalecer el marco institucional y regulatorio para mejorar el clima de negocios, fomentar el comercio internacional, mejorar la estabilidad financiera y el acceso al financiamiento.
Esta operación se encuentra alineada con la Visión 2025 del BID “Reinvertir en las Américas: una década de oportunidades”, para lograr la recuperación y el crecimiento inclusivo de América Latina y el Caribe, en las áreas de integración regional, reactivación del sector productivo, género e inclusión y cambio climático.
La GARP es un instrumento que permite emitir una garantía con contragarantía soberana una vez que el país ha cumplido con una serie de condiciones de política acordadas con el Gobierno. El periodo máximo de la garantía es de 20 años.
Esta es la primera de dos operaciones consecutivas bajo la modalidad Programática en Apoyo a Reformas de Política (PBP) financiadas en forma independiente, aunque vinculadas técnicamente entre sí.
La garantía cubrirá futuras obligaciones de pago a ser contraídas por Ecuador bajo un bono soberano o un préstamo de hasta $ 400 millones.
La garantía tiene el potencial de movilizar recursos privados por al menos la misma cantidad a los recursos aportados por el BID, a la vez de mejorar el perfil general de la deuda pública de Ecuador mediante la reducción de los costes de endeudamiento y mayores plazos de repago, en comparación con una emisión de deuda no garantizada.
Mientras, el programa respaldará la estabilidad macroeconómica e impulsará un conjunto de reformas para fortalecer el clima de negocios y la regulación comercial, y para mejorar la institucionalidad para la reactivación económica y la competitividad.
También apoyará la reducción de aranceles comerciales y simplificación de trámites, la mejora de la colaboración público-privada para promover la inversión y la promoción del desarrollo del sector privado con un enfoque ambiental.
Asimismo, promoverá un conjunto de reformas que prevén el fortalecimiento de la gobernanza para la estabilidad monetaria y financiera, regulación prudencial para la transición ordenada hacia un sistema financiero estable pos-COVID-19, la ampliación del acceso a financiamiento y mejoras a la protección al consumidor financiero.
En particular, el programa apoyará medidas dentro del sistema financiero que tengan enfoque de equidad y promuevan la inclusión financiera de la mujer.