El Gobierno se ratificó, el 27 de noviembre pasado, en la propuesta original de la proforma presupuestaria 2022 y la programación cuatrianual 2022-2025. El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, la contestación por escrito indicando la ratificación de la Función Ejecutiva en su propuesta original. Esto porque el 19 de noviembre pasado, la Asamblea le comunicó al presidente que el pleno había hecho varias observaciones a la proforma.
Fueron seis observaciones y cuatro recomendaciones que tuvieron que ver, entre otros temas, con la revisión de asignaciones para Educación, Salud, incentivos jubilares, y aclaraciones sobre los ingresos a conseguirse con la monetización de activos y los mecanismos de endeudamiento.
El presidente también incluyó las respuestas a cada una de las inquietudes de la Asamblea. Esto con base en el informe de 57 páginas que envió el Ministerio de Economía y Finanzas y en el cual explica con cifras y cuadros cómo se realizaron las asignaciones respectivas.
Sobre el pedido de revisión del presupuesto asignado a Salud y Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas explicó que se cumplen los incrementos ordenados por la Constitución. En cambio, sobre las universidades se explica que las asignaciones sí se incrementan de $ 1.105 millones en 2021 a $ 1.129 millones en la proforma del 2022.
Entre tanto, sobre el pedido de revisar las asignaciones para los incentivos jubilares, el Gobierno aclara a la Asamblea que son valores que se han ido acumulando en Gobiernos anteriores, desde el 2008. Sin embargo, explica que lo que se asignará en 2022 es lo que puede entregarse respetando la sostenibilidad fiscal.
También existía una inquietud por parte de la Asamblea, en el sentido de que se explique cómo se han establecido las asignaciones para cárceles. En este sentido, el Gobierno también explicó que en el total hay un incremento de $ 108 millones en 2021 a $ 124 millones en 2022. Sin embargo, hay un importante aumento en el gasto permanente: por ejemplo, sube de $ 55 millones a $ 94 millones el tema de gasto en bienes y servicios. En cambio, sí se registra una baja en el gasto no permanente (inversión), que va de $ 52 millones a $ 30 millones. También hay un incremento de $ 9 millones a $ 21 millones para la Secretaría de Derechos Humanos.
Otra de las inquietudes de los asambleístas tenía que ver con la certeza de obtener recursos por $ 940 millones de ingresos no permanentes asociados a la monetización (concesiones o ventas de activos estatales). En este tema, el Gobierno aclaró que los posibles activos para monetizarse son la Refinería de Esmeraldas, Termogás Machala, Sopladora, Monteverde y Banco del Pacífico. Los cuatro primeros bajo una figura de concesión y el último para la venta. Todos ellos ascienden a un monto de $ 2.800 millones aproximadamente, por lo que lo que se obtenga dependerá de la agilidad de estos procesos.
Tras la ratificación de la proforma, la Asamblea tiene diez días para pronunciarse sobre el tema. De acuerdo con el artículo 295 de la Constitución, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la programación o proforma enviada en segunda instancia por la Función Ejecutiva.
La proforma presupuestaria 2022 asciende a $ 33.899,73 millones (incluyendo la Cuenta de Financiamiento de Derivados, CFDD) y que representa un incremento de $ 2.438,57 millones (2,22 % del PIB) en relación con el codificado al 31 de agosto de 2021 del PGE.
Los ingresos totales de la proforma totalizan $ 24.114,62 millones y los gastos son de $ 27.898,12 millones, dando como resultado un déficit global de $ 3.783,50 millones, equivalente a 3,45 % del PIB. Esta cifra representa $ 29,70 millones más del déficit que se registra en el presupuesto codificado a agosto del 2021. De conformidad con las normas legales, la proforma no incluye ningún ingreso esperado por la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, que ha sido presentada a la Asamblea Nacional.
En todo caso, se espera que el déficit baje una vez que se espera que entre por el ministerio de la ley la reforma tributaria que podría entregar al fisco unos $ 1900 millones en los siguientes tres años.