El Gobierno sostiene que si se aplica su Plan Nacional de Desarrollo, la economía del país crecerá en 2022 un 2,8 % y para el 2025 llegaría a un crecimiento del 5 %. Además considera que la producción petrolera que en 2022 será de 502.900 barriles diarios llegaría a 980.700 barriles diarios en tres años más. Esto solo se lograría aplicando una serie de políticas activas que ha planificado a futuro el Gobierno.
En cambio, bajo el escenario actual, cuando aún no se han aprobado las reformas que busca llevar adelante el Gobierno (entre ellas la ley tributaria), las metas cuatrianuales de la programación presupuestaria son mucho más conservadoras. Así, si bien las metas del 2022 son 2,8 % en crecimiento y 502.900 barriles para la producción, en la programación actual el crecimiento para 2025 solo llegaría a 2,70 % y la producción petrolera apenas llega a 540.000 barriles diarios en 2025.
Por ello, el Gobierno decidió incorporar en la programación presupuestaria los dos escenarios: uno conservador y otro optimista para el desarrollo económico del país. El primero retrata la realidad actual, de la que se parte. Así lo explicó este 9 de noviembre el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, en el seno de la Comisión de Régimen Económico.
En días pasados, varios analistas habían criticado que las metas del plan anual no correspondían a lo que indicaba la programación. Sin embargo, el ministro Cueva explicó que esto se debe a que en la proforma no se pueden incluir las proyecciones.
El ministro acudió para explicar los detalles de la proforma 2022 y respondió a los asambleístas sobre una serie de dudas referentes a los recursos asignados a universidades, a los GAD, así como el cumplimiento del incremento del 0,5 % del producto interno bruto (PIB) para Educación y Salud.
Una de las dudas recurrentes fue cuál es el motivo para haber comparado los recursos asignados en la proforma 2022 con el presupuesto codificado a agosto del 2021. En este tema quedó aclarado que el codificado de agosto es una proyección del presupuesto anual y no como pensaban algunos asambleístas que era lo ejecutado hasta agosto y que esto no permitía reflejar una comparación adecuada del alza de ingresos para 2022.
En todo caso, también quedó claro que la proforma 2022 se debió comparar con el codificado a agosto, debido a que la Asamblea no había concluido el proceso de aprobación de la proforma 2021, cuando el Ejecutivo debió entregar la proforma.
Sin embargo, también se anunció que al momento ya se encuentra vigente la proforma 2021 que fue enviada por el Ejecutivo y que no fue aprobada por la Asamblea. Esto, luego de una resolución de la Procuraduría General del Estado.
El procurador Íñigo Salvador se pronunció ante una consulta que le había hecho el presidente Guillermo Lasso, respecto a si la Asamblea podía o no establecer la vigencia de un presupuesto prorrogado. Esto, luego que el Legislativo, por una moción de la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño (PK), no aprobara dicha proforma, aduciendo que el Ejecutivo había entregado a destiempo una contestación a las observaciones planteadas en primera instancia.
Esto dejó por varias semanas en incertidumbre al Gobierno, pues no se conocía cuál iba a ser el presupuesto a ejecutarse el resto del año. Sobre el tema el procurador hizo las consultas necesarias, incluso a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien había respondido que la Asamblea en ningún momento estableció la vigencia del presupuesto prorrogado.
En consecuencia, Salvador indicó que “en atención a los términos de su consulta se concluye que, una vez que se ha iniciado el procedimiento de aprobación del Presupuesto General del Estado conforme al artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este debe concluir con sujeción a dicha norma, sin que la excepción establecida por su artículo 107 se pueda extender a casos no previstos expresamente por ella o por otra norma de igual o superior rango”. Así la Presidencia ordenó la publicación en el Registro Oficial del documento el 5 de noviembre pasado.
Entre tanto, la Comisión se prepara para elaborar el informe no vinculante que deberá ser conocido por el pleno en los siguientes días. Pazmiño convocó a los asesores de los asambleístas para que se inicie mañana dicha elaboración. También se espera recibir aún a algunos delegados de ciertas entidades, como la Casa de la Cultura y el régimen carcelario, para que expongan sus preocupaciones con respecto al presupuesto.