El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recibirá $ 1.249 millones menos en la proforma 2022 de lo que había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente del IESS, Francisco Cepeda, explicó esta mañana ante la Comisión de Régimen Económico, que trata la proforma presupuestaria 2022, que el requerimiento de presupuesto para el organismo en el 2022 fue de $ 2.832 millones; sin embargo, lo asignado por el Ministerio es de $ 1.583 millones.
De lo requerido por el IESS, $ 2.199 millones corresponden a pensiones; $ 25 millones de riesgos del trabajo; además $ 135 millones para el Seguro Social Campesino (SSC) y $ 473 millones para el Seguro de salud. Sin embargo, se han asignado $ 1.436 millones para pensiones, $ 13 millones para riesgos del Trabajo, $ 134 millones para el SSC y nada para salud.
El más grave y urgente problema por resolver sería justamente el de salud. Cepeda explicó que en total la deuda de salud que se ha venido acumulando durante varios años ya llega a $ 4.397 millones. Esto debido a que el Estado no ha pagado las atenciones que por ley debe hacer el IESS a pacientes con enfermedades catastróficas y a los jubilados.
Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo de pago sobre este tema. En todo caso, advirtió que cuando no existen los dineros necesarios para cumplir sus prestaciones, el IESS desinvierte de los fondos del Biess para poder compensar ese déficit. En el caso de salud ya hay un fondo de apenas $ 79 millones, lo cual generaría problemas en este mismo 2022, pues lo que se requiere desinvertir es al menos $ 497 millones.
Hace pocos meses, el representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IESS había mencionado que el fondo de salud estaba quebrado. Aparentemente se refería a esta falta de dineros en dicho fondo.
De otro lado, Cepeda explicó que al momento el tema de pensiones todavía tiene un espacio para la desinversión, sin embargo, esto solo podría seguir tres años más. Por ello, dijo, es necesario empezar a conversar sobre soluciones estructurales para el tema.
Entre tanto, el presidente del IESS recordó que la deuda de salud fue creciendo de manera importante en los últimos catorce años. Pero ahora, a través de mesas de trabajo se está buscando llegar a un acuerdo de pago. La idea es que el Estado pudiera pagar al menos unos $ 1.000 millones en 2022 sobre la deuda verificada. En la proforma presupuestaria se ha indicado que de alguna venta de activos se podrían designar recursos para la cancelación de la deuda con el IESS. El resto de la deuda sería cancelada, primero incorporando una metodología para realizar una auditoría ágil sobre los valores.
Sobre el tema, Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto, comentó que los pagos de salud solo se pueden hacer una vez que ya se acuerde la pertinencia de la deuda. También recordó que los problemas financieros y estructurales del IESS se volvieron mucho más complejos a partir de la aprobación de la Ley de Justicia Laboral, en la cual se eliminó la contribución del 40 % al IESS por parte del Estado.
Así entre el 2015 y 2018 no se recibió la contribución y el IESS fue desinvirtiendo los recursos del fondo de pensiones. Sobre el SSC, seguro al cual sí se le asignaron prácticamente todos los recursos solicitados, Núñez destacó que el anterior Gobierno subió la pensión para sus jubilados de $ 60 a $ 100. Comentó que el único aportante en este modelo es el jefe de familia y solo paga $ 2 al mes. Esta cuota le garantiza la afiliación de toda la familia. Este incremento que se hizo no contó con un estudio actuarial. En este sentido, este seguro también se ha ido descapitalizando, dijo.
Entre tanto, el gerente del Biess, Freddy Monge, informó que esta entidad podría renovar unos $ 1.470 millones de bonos internos como parte de las fuentes de financiamiento para la proforma. Dijo que este tema no afecta a la entrega de créditos quirografarios e hipotecarios.
Esta mañana también participaron en la Comisión, representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Congope y Conajupare. Todos los representantes de los gobiernos seccionales pidieron a los asambleístas, que se garantice el pago del IVA (unos 140 millones) hasta el 2 de enero próximo. El representante de AME se quejó de que existe una deuda simbólica del 2020. Sin embargo, algunos asambleístas, y Olga Núñez, subsecretaria de presupuesto, dejaron en claro que la reducción de presupuesto que hubo en 2020 se generó por la caída de ingresos permanentes y no permanentes, como una de las consecuencias de la pandemia.
Asimismo, se leyó en el seno de la Comisión un comunicado por parte del Ministerio de Economía en el cual dejó establecidos los nombres de quienes serán parte de un equipo técnico que apoyará a la Comisión sobre dudas en cuanto al presupuesto. Los funcionarios designados son Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto; Carlos Carrera, subsecretario de Financiamiento Público; José Mieles, subsecretario de Relaciones Fiscales; Juan Lorenzo Maldonado, Diego Carrasco y Xavier Acuña, asesores.
Entre tanto, hoy también acudió el gerente de Petroecuador, Pablo Luna, para explicar el incremento de la producción para el 2022, que registrará un incremento, entre otros, por la explotación de las plataformas A y B del Ishpingo. Estos ya cuentan con licencia ambiental.