Las autoridades económicas del Gobierno comparecieron este 8 de noviembre ante la Comisión de Desarrollo Económico para sustentar el Proyecto de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal que busca una recaudación de $ 1.900 millones en los próximos dos años por contribuciones económicas de las personas naturales y jurídicas.
El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ante los legisladores dijo que el proyecto está orientado a fortalecer el principio fiscal de progresividad, que los contribuyentes de mayores ingresos y aquellos con mayores patrimonios aportarán más.
Que crea un tramo adicional de impuesto a la renta de personas para ingresos sobre los $ 100.000 anuales; potencia la contribución patrimonial a las mayores empresas por dos años y ajustan la contribución por un año.
Afirmó que el 100 % de la reforma tributaria que plantea el Gobierno recae en los que fueron menos afectados por la pandemia COVID-19. Que el proyecto de Ley tiene algunos componentes que corresponden a ingresos tributarios permanentes y otros componentes transitorios que implican un aporte especial de algunos sectores en los años 2022 y 2023.
Los componentes permanentes que afectan buena parte al impuesto a la renta tanto a personas naturales como jurídicas, explicó Cueva, toman un tiempo para su aplicación, si se aprueba el incremento del impuesto el efecto pleno de la recaudación fiscal tomará un año más, es decir, el 2023 será del impacto pleno.
El Gobierno sostiene que en el conjunto de esta recaudación el 87 % del total de la recaudación recaería en las personas naturales con un ingreso superior a los $ 5.000 mensuales, y a las contribuciones patrimoniales especiales tanto de personas como de empresas.
Cueva aclaró que la reforma afectará al 13 % que constituyen las personas con ingresos mensuales entre $ 2.000 y $ 5.000. Esto implica, sostuvo el funcionario, que el proyecto de Ley afectaría únicamente al 3,4 % de la población económicamente activa, más del 96,5 % de la población económicamente activa no se verá afectada en ninguna forma por el proyecto.
Respecto a las deducciones por gastos personales, el funcionario de Economía aseguró que estos se mantienen, pero que tendrá una ligera variación en los rangos, pues dijo que el tope en el Ecuador es muy alto, se ubica en $ 14.576, uno de los más altos de la región.
Este nivel alto de deducciones por gastos personales implica un impacto regresivo sobre el impuesto a la renta de las personas, dijo Cueva, por lo que justificó que la reforma tributaria plantea que la deducción de gastos personales sería de hasta $ 5.000.
Manifestó que con la reforma tributaria el rango de recaudación tributaria estimada en un año subirá de $ 434 millones a $ 460 millones. Este rubro implica afectar a personas que ganan $ 2.000 mensuales para arriba.
De acuerdo con la distribución de ingresos en el Ecuador 273.726 personas representan el 3,4 % de la población económicamente activa y que el 96,6 % está por debajo de estos rangos y no se ve afectado por estos cambios.
Que las personas que ganan entre $ 2.000 y $ 2.500 mensuales son 85.456 y tendrían un impacto de $ 28 millones de recaudación tributaria.
En rango entre $ 2.500 y $ 3.000 de salario mensual son 53.201 personas, y tendría un impacto de $ 41 millones; en tanto que 95.528 personas que ganan un sueldo mensual entre $ 3.000 y $ 5.000 aportarían $ 136 millones; y las 42.760 personas que ganan más de $ 5.000 mensuales tendrían un impacto de $ 263 millones.
Por lo tanto, insistió Cueva que el 94 % de la recaudación impacta a quienes ganan de $ 2.500 mensuales en adelante, es una reforma progresiva que afecta más a quienes ganan más.
El legislador César Rohón, antes del PSC, manifestó que tiene una visión distinta a la del Gobierno, que las deducciones deben mantenerse porque son fundamentales para el país, pues se generó una cultura tributaria y al pretender reducirla a $ 5.000 no contribuye a la formalidad.
En cuanto al aporte económico de las empresas, el Gobierno plantea que 1.932 empresas con un patrimonio que supera los $ 5 millones aporten, son empresas con solvencia económica relacionadas con minas, comercio, manufactura, bancos y seguros.