El Gobierno dejaría de percibir al menos $ 171 millones por la serie de beneficios tributarios para la ciudadanía que plantea en la Ley de Creación de Oportunidades. Es que la propuesta incluye la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) en varios productos de consumo masivo y también del impuesto a consumos especiales (ICE).
En estos días la Asamblea debe tratar con carácter de urgente la megaley, que contiene una reforma tributaria la cual realiza de manera general ajustes al pago del impuesto a la renta de personas, elimina exenciones o exoneraciones fiscales y crea un impuesto al patrimonio temporal. Todo esto generaría, en cambio, para el Estado unos $ 1.400 millones en el mediano plazo.
Zurita sostuvo que el Gobierno deberá hacer, apenas esté aprobada, una campaña de socialización para explicar a los emprendedores cómo va a funcionar de manera puntual. Adicionalmente, pidió que todo lo que tiene que ver con las posibles liquidaciones de emprendimientos y la liberación del pago a empleados se lo vincule al proceso de reemprendimiento que ya existe en la ley. Estimó que se debe incluir un proceso de verificación de buena fe de la quiebra.
Adicionalmente, sugirió que en caso de liquidación también se libere al emprendedor de las obligaciones con otros acreedores.
Entre tanto, la eliminación del IVA para productos de higiene íntima y pañales, que también consta en la propuesta, representaría unos $ 39 millones menos; mientras que la eliminación del ICE para los planes de celulares significará una reducción para las arcas fiscales de $ 29 millones.
Para Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío y militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, la concesión que se hace del IVA en la ley es positiva, es un avance; sin embargo, consideró que aún es insuficiente con respecto a la realidad que viven miles de mujeres en el Ecuador. El Gobierno debería garantizar que haya provisión de toallas en colegios y buscar solucionar también a los problemas de niñas y adolescentes callejizadas que no tienen acceso. Adicionalmente explica que el tema de la menstruación es mucho más amplio, pasa por la educación sexual, acceso a la privacidad, al agua limpia.
Sobre el tema del ICE en la telefonía, Jorge Cevallos, director ejecutivo de Asociación de empresas de telecomunicaciones, dijo que es una reforma positiva, que atiende al pedido que se ha venido haciendo durante algunos años.
Recordó que durante el gobierno de Lenín Moreno su sector se opuso a que se extendiera la aplicación del ICE ya no solo a los planes corporativos, sino también a los de personas. Esta política errada generó que 804.371 planes pospago se hayan perdido. Muchos de los usuarios se pasaron a los planes prepago, lo que constituye una afectación al consumidor, pues en planes pospago los minutos y megas son más baratos.
Explica que el ICE nunca debió aplicarse a la telefonía, pues solo debe gravarse a bienes suntuarios o de lujo, y las telecomunicaciones no cumplen este requisito.
Con la eliminación, en cambio, se espera una recuperación de los planes, y por ende que los consumidores obtengan planes más baratos, indicó Cevallos.
El ejecutivo también dijo que están haciendo un análisis general sobre cómo impactarán a las empresas telefónicas las otras medidas tributarias, como por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Expresó que a primera vista esta disposición sí afectaría a ciertas empresas del sector, y consideró que en esta época de restricciones no conviene gravar con más impuestos al sector productivo.
Entre tanto, la medida de eliminar el IVA para turistas extranjeros significará $ 13 millones de sacrificio fiscal. Adicionalmente, se deja de percibir $ 7 millones por el incremento de 5 a 10 años de pérdidas en el sector turismo. En estas cuentas no consta lo que representará la eliminación del impuesto a las herencias ni tampoco el sacrificio fiscal que llegaría por los cuatro fines de semana que se retiraría el IVA para el sector turístico.
En todo caso, el Gobierno también ha previsto tomar medidas para la compensación de esta reducción de recaudación a través de ajustes en varios impuestos. Por ejemplo, se prevé un incremento en el ICE de bebidas alcohólicas ($ 19 millones) y bebidas sin azúcar y energizantes ($ 7 millones).