Con análisis totalmente enfrentados sobre la proforma 2021: por un lado el sector de Gobierno que promueve su aprobación y por el otro la bancada de Pachakutik, que buscaba observarla y devolverla al Ejecutivo, arrancó esta mañana el único debate en el pleno de la Asamblea.
El asambleísta ponente, Guido Chiriboga (CREO), realizó una exposición en la que explicó que la catástrofe de la pandemia se magnificó por la debilidad de la economía: “Cuando te coge la gripe con defensas bajas, todos sabemos lo que pasa”, dijo al tratar de ejemplificar la situación. Aseguró que la proforma presentada por el Ejecutivo es sensata.
También aseguró que con el proceso de vacunación el Gobierno ha demostrado que la eficiencia y solidaridad no están reñidas, sino que son caras de la misma moneda y que se debe aplicar eficiencia para reactivar, para la cohesión social, para ser solidarios.
Subrayó que hay una necesidad de poner la casa en orden y aseguró que en los últimos años los Gobiernos se acostumbraron a gastar más de lo que se producía y a cubrir ese hueco con endeudamiento caro y a corto plazo. Ahora, la actual proforma, que asciende a $ 32.498 millones, presenta un déficit de $ 4.800 millones, que es $ 2.000 millones menor que el déficit del 2020. Y aseguró que el Gobierno busca llegar a un déficit 0 a final del periodo.
También señaló que por pandemia ha habido gastos extraordinarios de $ 900 millones y que este año se darán bonos adicionales a 500.000 familias vulnerables y además se dedicarán unos $ 250 millones para desnutrición infantil. También aseguró que se cumple con la regla macrofiscal de incrementar el 0,5 % del PIB para los sectores salud y educación, respectivamente. Explicó que no hay reducción de los dineros para el sector social e invitó a los asambleístas a aprobar la proforma.
Entre tanto, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, hizo observaciones e incluso anunció que emitiría una moción para devolver la proforma y que el Ejecutivo en diez días reenvíe el documento atendiendo los señalamientos de la legislatura. Ratificó que el Gobierno no presentó el Plan Nacional de Desarrollo, necesario para el análisis de la proforma y la programación cuatrianual. Habló de que no se ha cumplido con la regla macrofiscal de incremento de recursos para educación, salud. También dijo que había una deuda de $ 800 millones para los jubilados y varios recursos pendientes para los GAD, pero también agregó que había una sobrestimación de ingresos por petróleo y que con ello se quería ocultar el verdadero tamaño del déficit fiscal.
Sobre el tema, Diego Ordóñez (CREO) lamentó que se insista en temas que ya habían sido discutidos y aclarados en la Comisión. Explicó que las comparaciones de los recursos asignados se deben hacer, según la normativa que viene desde 2015, con respecto al presupuesto codificado. Aclaró a la asambleísta Pazmiño que si en su lógica hay mayor déficit, significa que hay menos recursos para cubrir las necesidades.
Antes del debate propiamente dicho, hacia el mediodía, el pleno se declaró en comisión general para recibir a Roberto Rosero, investigador de la Universidad Central, y a Andrés Quishpe, representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
El catedrático Roberto Rosero explicó que la comparación de los valores entre el presupuesto del año anterior y el actual debe hacerse con base en el codificado. Sin embargo, sí hizo observaciones a los supuestos macroeconómicos, especialmente sobre los subsidios. Para Rosero, al haberse establecido las bandas de precios, el subsidio está casi eliminado, por lo cual no debería ser el monto de los subsidios de combustibles $ 1.900 millones, sino unos $ 500 millones menos.
Quishpe, por su parte, reclamó más recursos para la educación. En pocos minutos más se espera que se retome el debate tanto sobre el nombramiento de miembros de las Juntas Monetaria y Financiera, como el de la proforma.