Faltan cuatro meses para que termine el año y el Gobierno ya ha recibido el 60% del financiamiento por USD 9 020 millones, que requiere para cubrir parte de los gastos y el pago de deudas en este año.
La firma del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo pasado, abrió la puerta para que organismos otorgaran liquidez a la caja fiscal hasta junio.
Los siete multilaterales ya han desembolsado USD 2 113 millones y todavía quedan pendientes por entregarse USD 2 511 millones, hasta diciembre próximo.
Otra fuente de financiamiento ha sido la emisión de bonos en el mercado internacional. Finanzas presupuestó este año USD 1 750 millones por este concepto. En enero se colocaron USD 1 000 millones a 10 años plazo y 10,75% de interés.
Aunque el 90% del financiamiento se consideró de fuentes externas, el Fisco también consiguió liquidez a través de la emisión de papeles en el mercado interno.
De hecho, los papeles más negociados en las Bolsas de Valores del país fueron los Certificados de Tesorería (Cetes), que emite el Gobierno para obtener liquidez en el corto plazo (menos de 12 meses).
Para lo que resta del año, el Gobierno tiene dos desafíos en materia de financiamiento.
El primero es conseguir los USD 1 000 millones que el Ministerio de Finanzas estimó en el Presupuesto por concepto de monetización de activos; es decir, por traspasar, de forma temporal, la administración de activos del Estado al sector privado. En mayo pasado, el Ejecutivo creó un comité de gestión para que algunas de sus entidades envíen posibles proyectos que podrían monetizarse.
El Gobierno central había anticipado que esos recursos se conseguirían en este año con la concesión del campo petrolero Sacha o de la Central Hidroeléctrica Sopladora.
El ministro de Energía, Carlos Pérez, aclaró que no son las únicas opciones para conseguir los USD 1 000 millones. También están en análisis la concesión de la administración de la hidroeléctrica Coca- Codo Sinclair y operaciones petroleras a largo plazo, que se colocarían por concurso.
El funcionario indicó que todas estas opciones están en estudio y en estos días se resolvería la alternativa más viable.
“No necesariamente será Sacha el primer activo que se concrete en la monetización. Estamos analizando varias alternativas. Tenemos que cumplir con requisitos de ley. La Contraloría General del Estado también debe revisar qué podemos hacer”, manifestó.
A futuro, el Gobierno incluirá en la lista de monetización de activos otras plantas hidroeléctricas, como Delsitanisagua y San Francisco.
La CNT también empezó un proyecto para contratar una banca de inversión que asesore en el proceso para definir un modelo de negocio y delegar, de manera temporal, la operación a un privado. Se prevé que en un año concluya el proceso, si todas las fases se cumplen.
Sobre la alternativa de vender petróleo a largo plazo, Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, explicó que puede ser un sistema similar a la preventa. “Con esta modalidad no se acuerda un precio fijo, sino uno en función del mercado, con un porcentaje de premio o castigo en relación con el barril WTI”, dijo Spurrier.
El segundo reto del Fisco es ajustar las cuentas para controlar los gastos y evitar que el hueco fiscal se dispare y exceda los USD 2 000 millones hasta el cierre del año. Esta es una de las metas que el Gobierno acordó con el FMI.
Pero, según Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, alcanzar esa meta será complejo. El experto proyecta que el déficit fiscal -cuando los gastos superan a los ingresos- podría llegar hasta los USD 3 000 millones. Y, por ende, se requerirían más recursos.
“Ya no se puede buscar más dinero de multilaterales porque los montos para este año ya están pactados. Es muy probable que se incurra en atrasos en los pagos, como ha sucedido en años anteriores”, consideró el exministro. De acuerdo con el presupuesto, el Gobierno aún pudiera emitir USD 750 millones en bonos este año en el mercado internacional.
Sin embargo, analistas creen que el acceso sería costoso, considerando que el riesgo país ha subido por factores externos, como la guerra comercial entre EE.UU. y China.
El indicador, que mide las probabilidades de que un país caiga en mora en sus obligaciones de deuda pública, se mantuvo entre los 500 y 600 puntos desde marzo; pero este mes escaló y se ubicó en 715 puntos el 25 de agosto. Mientras más alto es el indicador, más riesgoso se considera al país.