La definición y ejecución del procedimiento de consulta previa, la depuración del catastro minero y la implementación de incentivos para que los gobiernos seccionales usen el dinero proveniente de la minería forman parte de la actualización de la política pública minera. Esta directriz regirá en Ecuador hasta el 2030.
La actualización, que se presentó ayer en el Centro de Interpretación Cultural Shuar, en la parroquia Timbara (Zamora Chinchipe), sustituye al Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, que estaba vigente desde el 2016.
La nueva política contempla seis ejes y siete objetivos estratégicos, políticas, intervenciones efectivas y parámetros. Si la planificación del Régimen se cumple, dijo el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, la minería será el segundo rubro de exportación en el 2021 y tendrá un aporte del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). En la actualidad representa el 0,6%, según el Banco Central.
Según el Gobierno, el documento “define la decisión gubernamental que permitirá consolidar a este sector como un eje fundamental de la economía del país”.
La política también apunta a la atracción de nuevas inversiones mediante incentivos fiscales. Entre otros, la devolución de impuestos, contratos con garantías y estabilidad tributaria. Además, participación en encuentros internacionales especializados para la promoción de la actividad. Para el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, es una guía para potencializar los proyectos en ejecución y los que están en exploración. Ratificó que -a finales de este año- se iniciará la producción de oro y cobre en los proyectos estratégicos Fruta del Norte y Mirador, respectivamente. Ambos están ubicados en Zamora Chinchipe.
Este sector exportó USD 274 millones durante el 2018. Con el ingreso de Fruta del Norte y Mirador se duplicará esa cantidad este año. Desde el 2020, con una producción formal de los dos proyectos y Río Blanco (Azuay) llegaría a 1 300 millones, de acuerdo con cifras del Viceministerio de Minería. En el 2021, con el aporte de Loma Larga (Azuay), se ubicaría en USD 1 800 millones.
Pérez resaltó que el país también cuenta con los proyectos de segunda generación, que están en la fase de exploración avanzada y que son un potencial para atraer inversión. Estos últimos proyectos son Cascabel (Imbabura), Cangrejos (El Oro), Curipamba (Bolívar), La Plata (Cotopaxi), Llurimagua (Imbabura) y Ruta del Cobre (Azuay). De acuerdo con un informe del Banco Central, los concesionarios de estos proyectos han invertido USD 138,69 millones hasta el tercer trimestre del 2018.
Pérez resaltó que esta nueva política minera ofrece una visión de largo plazo, que define las condiciones para las inversiones nacionales e internacionales, promueve la investigación y transferencia de conocimientos, combate la minería ilegal, entre otros aspectos. Estimó que las inversiones entre el 2019 y el 2021 alcancen los USD 1 250 millones.
Un aspecto importante de la actualización de la política minera, señaló Pérez, es la creación de un banco de información geológica que, mediante la investigación, permita identificar las zonas de interés para los inversionistas y fortalecer la formalidad de la pequeña minería y la artesanal. En el caso de la pequeña minería, el 86% de la producción nacional de oro, que equivale a 2,9 millones de gramos, proviene de Azuay y El Oro. El total del año pasado fue de 3,4 millones. En ambas provincias se registran 237 concesiones de pequeña minería metálica.
Una vez difundida la decisión, el vicepresidente de la Cámara de la Minería del Ecuador, Andrés Ycaza, dijo que la guía permite que la marcha del sector continúe, pero fundamentalmente “limpia el camino con temas como la consulta previa”. Según él, si bien esta consulta está contemplada desde la Constitución del 2008, no ha tenido una reglamentación y en el Gobierno del expresidente Rafael Correa se usaba la licencia ambiental. “El hecho de que el Estado reconozca la necesidad de tener una regulación es sano para todos”.
Ycaza también destacó la depuración del catastro minero, lo que en el futuro posibilitaría la apertura de este para tramitar nuevas concesiones. Para él, otro tema fundamental que prevé la nueva política es la definición de un centro urbano, que es una zona restringida por la Ley para la extracción minera. Así, dijo, se evitaría la discrecionalidad de los gobiernos locales y se conocerá dónde no se puede pedir una concesión. “El Gobierno ha sabido escuchar las necesidades del sector y puede ser sano con una correcta aplicación. La política genera conceptos. Ahora, hay que ver cómo se materializa”,dijo Ycaza.
Ejes y los objetivos estratégicos
Los ejes de la actualización de la política minera se relacionan con la normativa, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y social, investigación y desarrollo, gestión y administración, regulación y combate a la minería ilegal.
Los objetivos estratégicos buscan promover las buenas prácticas ambientales, de seguridad y la investigación geológica, minera y metalúrgica.
El Gobierno fortalecerá los planes y controles a la minería ilegal mediante acciones coordinadas y efectivas. Para ello, prevé definir los roles y atribuciones de cada una entidad de la comisión especial para el control de esa actividad.
La capacitación a los servidores de la Función Judicial sobre el ordenamiento jurídico minero es otro aspecto que contempla el planteamiento del Régimen.