Los representantes del sector empresarial se pronunciaron ayer 31 de mayo del 2019 sobre el nuevo pedido de consulta popular sobre minería que se tramita en la Corte Constitucional. Para este gremio, esta iniciativa genera incertidumbre y pone en riesgo las inversiones.
La nueva iniciativa de consulta popular para definir el futuro de la minería en las parroquias Jijón y Caamaño, Goaltal (Carchi), La Carolina y Lita (Imbabura) se hizo pública el 27 de mayo pasado, cuando la Corte Constitucional avocó conocimiento. Está previsto que la audiencia pública para escuchar a las partes sea el próximo miércoles.
Ante esta situación, los representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), de la Cámara de Minería del Ecuador (CME) y Cámara de Industrias y Producción (CIP) exhortaron ayer a la Corte Constitucional a considerar lo que establece la normativa respecto al manejo de los recursos naturales.
Estos recursos, según la Constitución, son de competencia del Gobierno Central y no de los gobiernos locales o provinciales. “No es posible que un grupo de personas que se dedica a la actividad minera ilegal pueda llamar a una consulta popular. Hay que apoyar a la minería formal”, mencionó Patricio Alarcón, presidente del CEE.
La actividad minera formal que se desarrolla actualmente en el país representará hasta el 2021 alrededor de USD 10 000 millones en ingresos, refirió la CME. Santiago Yépez, presidente de la CME, expresó que las empresas que trabajan en estos proyectos cumplen con la normativa, pero a la vez solicitaron seguridad jurídica para desarrollar los proyectos.
Santiago Yépez, presidente de la CME, expresó que las empresas que trabajan en estos proyectos cumplen con la normativa, pero a la vez solicitaron seguridad jurídica para desarrollar los proyectos. En Carchi e Imbabura operan las compañías SolGold, Newcrest, BHP Billiton, Cornerstone, INV Metals, Codelco, Hancok Prospecting. Estas firmas están a cargo de proyectos denominados de segunda generación como Llurimagua y Cascabel.
Por su parte, Pablo Zambrano, presidente de la CIP, anunció que el sector presentará un recurso de amicus curiae ante la Corte Constitucional, para intervenir en la discusión del nuevo pedido de consulta popular. El pedido del sector empresarial a la Corte Constitucional se suma al que hizo el 24 de mayo pasado el presidente Lenin Moreno, durante el Informe a la Nación.
Entonces, el Primer Mandatario ratificó el desarrollo de la minería con responsabilidad y solicitó a la Corte Constitucional, ante pedidos que se oponen a esta actividad, considerar que hay compromisos adquiridos y que su incumplimiento implica el pago de indemnizaciones. “Pido invitar al pueblo a decidir de dónde saldrán estos recursos y qué fuentes de financiamiento reemplazarán estos ingresos”, precisó Moreno.
Por su parte la Asociación Agrícola Ganadera Palermo (Asaganp), perteneciente a la parroquia Jacinto Jijón y Camaaño, mediante un comunicado, rechazará la representación de Wilmer Meneses, proponente del pedido de consulta en Carchi e Imbabura. “No somos parte de ninguna asociación con fines mineros”, precisaron.