El Gobierno intensificó este mes los pagos a los proveedores, con los que sumaba atrasos por USD 800 millones, correspondientes a ventas de bienes y servicios que habían sido facturados a entes públicos durante el 2018.
Según el Ministerio de Finanzas, hasta abril se han cancelado unos USD 1 227,8 millones en atrasos a sus proveedores por deudas generadas en el 2018 y en el presente año.
Una fuente de Finanzas informó a este Diario que hasta la presente semana el Fisco mantiene deudas pendientes por USD 60 millones con sus proveedores, por facturas emitidas el año anterior.
Además de eso, el Fisco tiene atrasos en pagos a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), empresas públicas y universidades, por alrededor de USD 320 millones.
Según información de Finanzas, solo la deuda con prefecturas suma USD 188,3 millones, con corte a la fecha.
En enero pasado, un grupo de proveedores acudió a la Plataforma Financiera para protestar por atrasos acumulados desde mediados del 2018. Finanzas se comprometió a elaborar un cronograma para saldar las deudas hasta mayo, y ya casi se ha puesto al día.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, destacó que los recursos que recibió el Gobierno en marzo pasado, por la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), proporcionaron liquidez a la Caja Fiscal, que atendió haberes pendientes con estas empresas.
Finanzas dijo que las transferencias se hicieron priorizando a las firmas más pequeñas y de los sectores sociales, pero también se tomó en cuenta la antigüedad de la cuenta.
Según la Cartera, de los compromisos acumulados durante el 2018 “se ha cancelado a todos los proveedores con saldos menores a USD 10 000, y prácticamente están cubiertos todos los haberes a los proveedores de hasta USD 50 000”.
Luego de las protestas de inicios de año, el Gobierno también dijo que se conformarían mesas de diálogo con los afectados, para analizar soluciones cuando los contratistas enfrentan problemas de iliquidez por atrasos del Estado.
Una de las propuestas que planteó el Gobierno a las empresas fue que accedieran a préstamos de la banca pública, con tasas de interés más cómodas que las del sector privado.
Mientras que los proveedores plantearon que los documentos en los que se registran las deudas con el Estado, que se conocen como CUR, sean aceptados como documentos valorem; es decir, que los proveedores presenten estos respaldos para saldar sus deudas con el Servicio de Rentas Internas o con el IESS.
Marco Leguízamo, uno de los contratistas de insumos de computación que este mes recibió sus pagos atrasados por ventas realizadas en el 2018, lamentó que sus planteamientos no tuvieran respuestas.
Añadió que no conocieron detalles de las fechas de pago como se les prometió. Esto les impidió tener previsibilidad para tomar decisiones y cumplir con sus obligaciones.
“Por eso es que se han dado casos de personas que contactan a proveedores desesperados y les ofrecen información sobre las fechas de pago a cambio de dinero”, dijo.
El mes pasado, el ministro Richard Martínez informó que se estaban tomando el nombre de autoridades del Ministerio para gestionar supuestos valores pendientes, por lo que puso una denuncia en la Fiscalía.
Los proveedores cuentan que los atrasos que se acumulaban desde mediados del año pasado no solo generaron problemas de iliquidez, sino que mermaron su producción.
Es el caso de Ferromédica, que en el 2018 registró pérdidas por USD 10 000. Pedro Alvarado, presidente de la empresa, dice que este año ha tenido que reducir personal y la producción ha caído un 80%.
Además de los atrasos que el Estado acumuló por USD 600 000, la firma -que vende camas y mobiliario hospitalario- enfrenta problemas debido a que las contrataciones públicas en este rubro “son casi nulas”, dice Alvarado.
Los atrasos, además, influyeron en los pagos de estas empresas a sus proveedores y ocasionaron que cayeran en mora con la banca.
Según Carrera, estas empresas suelen tener dificultades porque muchas son muy dependientes del sector público, y están al vaivén de lo que ocurre con la Caja Fiscal.
Como la firma Comsupplies, que provee de equipos tecnológicos al Estado. El 80% de sus contratos es para el sector público. Yomary Jara, su vocera, cuenta que en enero el Estado le debía cerca de USD 500 000. La empresa incurrió en deudas con la banca por 250 000 y se retrasó en dos meses de salarios con sus empleados.
El Gobierno saldó este mes toda la deuda que tenía, esto le permitió ponerse al día con sus haberes, dice Jara.
No obstante, la empresa está cambiando su estrategia, porque teme que el Gobierno continúe atrasándose.
“Antes, al postular no importaba qué tipo de entidad era, ahora sí nos fijamos y tratamos de que sean contratos con gobiernos locales, que tienen presupuesto propio, y no con entes que dependen del Fisco”.
Héctor Díaz, quien dirige una empresa de insumos médicos, también señala que hay temor respecto de que el Estado vuelva a caer en demoras.
Las compañías, según el empresario, buscan asociarse para que, en el caso de que se repita la misma historia, sus reclamos tengan un mayor peso. Para este año, el Gobierno se ha fijado un tiempo máximo de 100 días para el desembolso a cada proveedor, una vez que se genera su CUR de pago. “Así estamos estabilizando el sistema de pagos”, señaló Finanzas.