Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) retiró una demanda de arbitraje internacional presentada en marzo del 2018 contra Ecuador en la ONU, en la que reclamaba al país al menos $ 250 millones.
Esa demanda se presentó en marzo pasado, por desavenencias en materia tributaria “que se han resuelto tras una regularización fiscal extraordinaria ocurrida en diciembre pasado (remisión tributaria)”.
Así lo publicó El Economista de España, basado en los informes de Repsol, empresa socia de OCP con el 29,6% de las acciones, y que fueron presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En su accionariado también figuran, además de Repsol, otras petroleras, como las chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco o la norteamericana Occidental Petroleum.
En la información enviada a la CNMV consta la noticia de la retirada del pleito, junto con la conclusión de otros pleitos mantenidos directamente por Repsol con las autoridades ecuatorianas.
El arbitraje se refería al tratamiento de la deuda fiscal subordinada emitida para financiar las operaciones de OCP, por parte del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI), que llevaba unos quince años en los tribunales nacionales. La remisión (que era perdón de multas, recargos e intereses de deudas tributarias) se dio justamente en diciembre. Hace pocos días se conoció que Repsol pagó unos $ 20 millones de utilidades a sus trabajadores.