El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para recibir USD 4 200 millones, contempla el compromiso de que el Ecuador realice cambios laborales para impulsar la generación de más empleo, reducir la rigidez laboral y mejorar la competitividad.
En la carta de intención con el multilateral, difundida el pasado 21 de marzo, el Gobierno informó que el país requiere una reforma laboral; sin embargo, esta no se llevará a cabo durante el 2019.
La reforma se enfocará en tres aspectos: nuevos tipos de contratos que permitan más participación de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral; el incremento del período de prueba y la reducción de los costos de contratación y despido, lo que implicaría eliminar las indemnizaciones por despido cuando los trabajadores renuncien voluntariamente.
En el primer eje -nuevas formas de contratación- el Ministro de Finanzas adelantó que se podría incluir una reforma para normar el teletrabajo.
Esta se refiere a las actividades laborales no presenciales, en las cuales el trabajador cumple con sus obligaciones apoyándose fuertemente en el uso de las tecnologías de información y comunicación.
Esta modalidad está regulada mediante un Acuerdo Ministerial, pero no está incluida en el Código de Trabajo como una forma de contrato.
“Sería necesario reglamentar muy bien las normas de seguridad y salud en este tipo de trabajo”, acotó Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral.
Recalde añadió que las nuevas formas de contratación no son suficientes. Cree que son necesarios incentivos para que las empresas abran más espacios a mujeres y jóvenes. “Por ejemplo, la reducción del porcentaje en el pago del impuesto a la renta o devolución del IVA por contratar jóvenes”.
El Gobierno tiene actualmente dos programas con los que busca aumentar la participación de los jóvenes en la fuerza laboral: Mi Primer Empleo y Empleo Joven, mediante los cuales devuelve a las empresas que contraten a jóvenes, una parte de la remuneración, aporte al seguro social y otros beneficios según el programa.
USD 19,1 millones del primer desembolso del FMI que recibió el Fisco este mes se destinarán a estos dos planes.
Para que las empresas contraten más personal joven se deben crear facilidades para que ellos ingresen primero como pasantes, de manera que sea más fácil su desvinculación si no cumplen con el perfil requerido, dijo Patricio Alarcón, vocero del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Añadió que es necesario que se modifique el horario de trabajo de 40 horas laborales en cinco días. “Se deben permitir jornadas de 40 horas en tres días y medio. Así el empleado puede ocupar el resto del tiempo en otras actividades que le generen más ingresos”.
Otra propuesta del sector empresarial es que las jornadas de 40 horas a la semana puedan extenderse hasta los días sábados, sin que eso implique que el empresario tenga que pagar más por las horas complementarias.
Sobre el incremento del período de prueba previo a la firma del contrato fijo, los empresarios proponen que este se extienda hasta por dos años en el caso de compañías nuevas.
“Cuando los negocios están comenzando no tienen los recursos necesarios para pagar la desvinculación de una persona”, señala Alarcón.
El Ejecutivo no ha difundido la fecha para enviar la reforma laboral al Legislativo, pero esta no formará parte de la Ley de Fomento Productivo 2, que se enviará este año.
La prioridad en la agenda del Gobierno para el 2019 será las reformas fiscal y tributaria, las cuales se enviarán entre mayo y octubre.
En el documento de análisis de la economía que realizó el Fondo este año, conocido como Artículo IV, se proyecta que el desempleo en el país crecerá de 3,7 % en el 2018 a 4,3% en el 2019.
De ahí que el sector empresarial considera que es un error que el Gobierno posponga un año los cambios laborales. “Hay que incentivar la productividad en el sector privado, y sin la reforma eso no sucederá”, sostuvo Alarcón.
Para José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), los cambios planteados atentan contra la estabilidad laboral, la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva. Teme, además, que se pretenda eliminar la jubilación patronal.
“Es preocupante que las consecuencias de las condiciones del FMI las paguen el trabajador y el pueblo. En la práctica, lo que se requiere es una política laboral que genere empleo y que, a la par, exista incremento general de sueldos y salarios ”.