Ocho de cada diez contratos de la empresa Comsupplies fueron con entidades públicas el año pasado (2018).
Desde hace 10 años, esta firma de
suministros de computación provee a entidades del Estado, como Contraloría
o Corte Constitucional.
Pero desde septiembre del 2018, la empresa acumula facturas por USD
550 000, que no han sido pagadas por el Estado. Los retrasos ocurren pese a
que en los contratos se especificó que el pago debía hacerse al entregar el
producto.
Los representantes de Comsupplies y de otros contratistas protestaron
ayer, por quinta vez, en las afueras de la Plataforma Financiera, en el norte de Quito, para
reclamar los valores pendientes de pago desde agosto pasado.
Bélgica Guerrero, subsecretaria del Tesoro del Ministerio de Finanzas,
recibió a varios proveedores. La funcionaria explicó que el Fisco no cuenta con
el dinero necesario para pagarles, según relató Celio Jara, gerente de
Comsupplies, quien participó en la reunión.
Entre los contratistas impagos están negocios que entregan
insumos médicos, servicios tecnológicos y de mantenimiento a automotores.
El saldo pendiente con los proveedores, hasta diciembre pasado, fue de USD 800
millones. De esos, según Finanzas, se cancelaron USD 260 millones durante
este mes.
En este monto se incluyeron todas las acreencias de valores menores a
USD 10 000, que suman 73,8 millones.
Finanzas dijo, además, que privilegia pagos a proveedores de los sectores
sociales como salud, educación y seguridad.
El rubro restante se cancelará mediante un cronograma de pagos
que podría extenderse hasta mayo próximo, informó Guerrero a los representantes
de las empresas.
Marco Leguizamo, presidente de la Cámara de Computación (Camcompu),
explicó que no están de acuerdo con esto, pero “tenemos que aceptar este
salvavidas que nos lanzan. No queda de otra”.
Según datos de este gremio, unas 1 200 empresas proveedoras de equipos de
computación y servicios tecnológicos tienen facturas impagas de
entidades públicas.
El gremio asegura que Finanzas se comprometió ayer a pagar, de manera
inmediata, por lo menos una parte de la deuda a los proveedores, aunque no les
precisaron fechas.
“En algunos casos será el 20 o el 25% de la deuda. Nos dijeron que analizarán
cada caso”, comentó Leguizamo.
Ferromedica es otra empresa que reclama facturas pendientes. La falta de
pago generó problemas de liquidez en esta compañía, lo cual obligó a reducir la
nómina en un 5%.
El Estado le debe a esta firma, que se dedica a la fabricación de mobiliario
médico, USD 500 000 desde hace siete meses. Santiago Garzón, jefe de
Planificación Estratégica de la empresa, explica que los pagos de montos de
hasta USD 10 000 no son suficientes.
La compañía adeuda USD 100 000 a sus 80 trabajadores, por los salarios de
diciembre, enero, y el decimotercer sueldo del año pasado.
Durante este mes, los proveedores se han reunido con representantes del Ministerio
de Finanzas, Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), CFN, BanEcuador, Sercop y Tesorería
de la Nación.
En esos encuentros, las entidades plantearon varias propuestas para hacer
frente al problema de la falta de liquidez de los contratistas.
Una de ellas es que accedan a créditos en la banca pública (BanEcuador y
CFN), que les permitiría tener recursos inmediatos para pagar sus haberes, pero
tendrían que pagar tasas de interés, lo que se trasladaría al precio de venta
del bien o servicio. Estas operaciones se harían a través de la entrega de
papeles denominados CUR.
Para Garzón, es injusto que las empresas tengan que endeudarse y pagar un costo
financiero que debería asumir el Estado. Añade que los empresarios ya se han
endeudado en la banca, porque no contaban con el capital de trabajo para seguir
cumpliendo con su producción.
Por la falta de liquidez, varias empresas proveedoras incluso están bloqueadas
en el sistema de contratación pública y ya no pueden ofertar.
Los proveedores señalan que los papeles que entregue el Ministerio de
Finanzas deberían servir para canjearlos con deudas con el IESS, el SRI o
en la banca pública.
El Fisco cerró el año pasado con atrasos por USD 1 531,8 millones.