Los proyectos estratégicos que el Gobierno anterior impulsó en las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, en la terminal Monteverde, en la planta de Bajo Alto y en Pascuales-Cuenca requerirán de nuevas intervenciones.
Las empresas internacionales
contratadas por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) llegaron a
esta conclusión. Esta información fue difundida ayer, lunes 7 de enero del
2019, en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Las firmas señalaron que estos proyectos
presentan problemas operativos, sobreprecios, deficiencias en fiscalización.
En algunos casos, incluso, se determinó que se sobredimensionaron los
trabajos como, por ejemplo, en la planta de licuefacción de Bajo Alto.
En estas instalaciones, el Gobierno anterior tenía previsto procesar 200
toneladas de gas natural por día, cuando en realidad Ecuador es deficitario en
la producción de este recurso.
Para suplir esta demanda, el Gobierno ahora busca importar este derivado
desde Perú.
En Monteverde ocurre algo
parecido. Si bien este proyecto tiene una profundidad similar a la terminal de
Rotterdam, en Holanda, que es uno de los principales puertos del mundo;
en Ecuador se ocupa solo un 11% de la capacidad del muelle, refirió Pablo
Flores, gerente general de la empresa estatal Petroecuador.
Pascuales-Cuenca opera en condiciones de riesgo. La infraestructura donde
se asientan los tanques y esferas que almacenan gasolinas,
diésel y gas tiene grietas y
desniveles. Por eso se declaró a esta obra en emergencia, y ahora se
analiza si es más conveniente repararla o construir nuevas instalaciones.
La repotenciación que se hizo en la Refinería Esmeraldas no dio
los resultados esperados, por lo que ahora opera en condiciones de riesgo
controlado. Esto impide que trabaje al 100% de su capacidad.
Y, finalmente, en la Refinería del Pacífico se
invirtieron USD 1 531 millones para obras tempranas. Además, en el proceso de
fiscalización se identificó un conflicto de intereses, por lo que el PNUD recomendó
revaluar esta obra.
Pese a estas condiciones, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos
Naturales, expresó que el propósito del Gobierno es que estas instalaciones
operen de acuerdo con estándares internacionales.
Para lograr esto se requieren alrededor de USD 650 millones, según los reportes
que remitió el PNUD. Este monto es adicional a los USD
5 000 millones que se invirtieron en estos cinco proyectos hidrocarburíferos.
Parte de los recursos para reparar estas obras saldrá del presupuesto de Petroecuador,
que administra los cinco proyectos con fallas. Las garantías
establecidas en los contratos no son suficientes para cubrir las necesidades de
estas obras, reconoció Pérez.
El Ministro de Energía
consideró que por esto también se requerirán nuevas asignaciones del Ministerio
de Economía y Finanzas. Aunque aún no hay precisión de cuándo se entregarán
estos rubros.
Debido a que son obras ya ejecutadas, el Gobierno considera que se debe
reparar o buscar una alternativa para aprovechar la infraestructura.
La prioridad será realizar en marzo próximo un paro programado de 54 días en la
Refinería de Esmeraldas, estabilizar el suelo en Bajo Alto, atender los
riesgos de Pascuales-Cuenca y hacer una licitación para proteger la
infraestructura de los pilotes de la terminal de Monteverde.
En la Refinería del Pacífico se espera que se resuelvan las diferencias
con el socio de este proyecto, la firma venezolana Pdvsa, y que se aclare la
situación del terreno de El Aromo, donde se asentarán las obras y que fue
entregado en comodato a Yachay.
Más adelante, una vez que concluya el
proceso legal, el Ministerio de Energía espera que se puedan tomar
acciones en contra de quienes sean hallados responsables en los procesos que se
tramitan en la Función Judicial.
“Si es el caso seguiremos juicios a las empresas que no cumplieron con la parte
técnica y constructiva de los proyectos”, expresó Pérez.
El viernes anterior, el Gobierno entregó los resultados del estudio
técnico efectuado por las firmas contratadas por el PNUD en estos cinco
proyectos a la Fiscalía General del Estado y la Contraloría, para
que se investigue cómo se llevaron a cabo estas obras.
Petroecuador agregó que existen nueve procesos con indicios de
responsabilidad penal relacionados con estos proyectos, y que se encuentran en
trámite en la Fiscalía.