Los días de Zoila Quezada cambiaron cuando quedó ciega. No recuerda el momento exacto, “fue poco a poco, hasta que ya no veía nada”, dice.
Cuando perdió la vista por completo no pudo seguir trabajando en labores domésticas ni en ventas de comida ambulante. Su único ingreso eran los USD 50 del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que percibía por su condición. Hace un mes dejó de recibir ese dinero, sin previo aviso.
El año pasado el Gobierno comenzó un programa de incremento progresivo del monto del Bono de USD 50 hasta USD 150. La ayuda se creó para familias en extrema pobreza que tengan hijos de hasta 18 años. Se conoce como BDH con Componente Variable. A la par del programa se inició un proceso de depuración del número de beneficiarios para que la subvención vaya a quienes realmente lo necesitan.
Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el número de receptores del BDH disminuyó un 6% en el 2018 en relación con el 2017; es decir cerca de 20 000 personas dejaron de recibir esta subvención.
En la Pro forma 2019, observada por la Asamblea y devuelta a Finanzas la semana pasada, se asignaron USD 131 millones menos en relación con la Pro forma del 2018, cuando se presupuestaron 383,05 millones.
Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, explicó que la reducción del monto obedece a la actualización del registro social, que se está realizando.
Carrillo añade que la reducción del rubro en el 2019 podría ser menor, debido a que lo asignado para el 2018 no se ejecutará en su totalidad.
“El compromiso del Gobierno es -sobre la base de la optimización del registro social- mantener el financiamiento según la información que se vaya generando”, añade. Está previsto que la depuración, a cargo de Senplades, se extienda hasta mediados del 2019.
Pese a eso, el MIES dijo que el próximo año unos 400 000 usuarios recibirán el BDH; esto es, un 3% más que en el 2018. La Cartera no explicó cómo se atenderá a más usuarios con menos presupuesto.
En las oficinas del MIES, en el sur de Quito, buena parte de quienes acuden a las ventanillas lo hace porque dejaron de recibir el bono y buscan explicaciones. El pasado martes, Quezada llegó en busca de una respuesta a su caso.
En la ventanilla le contestaron que al no haberse acercado a actualizar sus datos, la sacaron de la lista. Le ofrecieron volver a recibirla en febrero.
Doraliza Becerra, agricultora de 65 años que vive en Guano, también dejó de recibir el beneficio hace dos años. Cuando se acercó al MIES le explicaron que debió hacer personalmente la actualización del registro social en las oficinas de la entidad. “Me habían dicho que tenía que venir una brigada, pero nunca llegó a mi casa”, se lamenta.
Otros van porque quieren actualizar sus datos y ser parte del grupo de familias con bono variable. María Loja, madre soltera con cinco niños menores de edad, está desempleada, conoció del subsidio y se acercó a registrarse. Loja dejó de ser beneficiaria hace un par de años. “Nunca supe por qué me quitaron. Hoy (martes pasado) traje mis papeles para que vean que soy pobre”.
En el 2019, según el MIES, se asignarán USD 6 millones para 170 000 familias que recibirán esta nueva modalidad de la subvención.
En diciembre pasado, el Ejecutivo dispuso, mediante decreto, que las familias bajo la línea de la pobreza que reciban el bono, accederían a USD 30 extra por su primer niño de hasta 5 años. Por el segundo y el tercer hijo en el mismo rango de edad, USD 27 y USD 24,30 adicionales, respectivamente.
Para familias con hijos de entre 5 y 18 años se entregarían USD 10 más por el primer hijo y USD 9 y USD 8, por el segundo y tercero en el mismo rango.
Según el MIES, de los 108 143 usuarios que reciben este nuevo tipo de beneficio, que fue una de las promesas de campaña del presidente Lenín Moreno, el 88% son familias con hijos de entre 5 y 18 años.
El bono, creado en 1998, mantiene entre sus beneficiarios a personas que no han dejado de percibirlo en 20 años. Entre ellos está Francisco Paredes, que tiene discapacidad intelectual. El hombre, de 60 años, destina los USD 50 a comprar medicamentos y ayudar a su mamá, que tiene 90 años, dice su hermana Lucía.
Sin embargo, la subvención se ha venido reduciendo desde el 2012.
Para Marco Naranjo, catedrático de la Politécnica Nacional, la reducción es un reflejo de los problemas fiscales, “cuando más bien debería ser porque la gente está saliendo de la pobreza”. El reto en una época de desaceleración económica será lograr que la depuración sea técnica, sin afectar a los más pobres, dijo.
Cuando Quezada dejó de percibir la ayuda no pudo pagar el arriendo y fue desalojada. Hoy vive con su hermano. “Solo me queda esperar hasta febrero. Mi hermano me ayuda, pero él también es pobre”.